El conflicto sin fin

A medida que el precio de los carburantes se convierte en un problema permanente para las economías europeas, se va revelando más claramente la dificultad del Gobierno para enfocarlo correctamente. La nueva subida de precios de gasóleos y gasolinas, aplicada ayer por Repsol y hoy por Cepsa, ha vuelto a poner en pie de guerra a los sectores que protagonizaron las protestas de septiembre. Si la negociación no lo remedia, la geografía española corre el peligro de convertirse de nuevo en escenario de múltiples bloqueos de plantas de suministro de carburantes, puertos y estaciones de servicio. La flota pesquera ya ha iniciado los amarres y los agricultores preparan sus protestas.La oposición pide al Gobierno, no sin razón, que explique sus "extrañas relaciones con las petroleras". Porque hay evidencias suficientes de que el maridaje espurio entre poderes públicos y privados ha permitido al Ejecutivo interferir en decisiones que sólo afectan a las empresas para frenar los precios y represar artificialmente la inflación. El problema es que esta política intervencionista tiene sus límites y los precios acaban por desbordarse. De paso, el Gobierno debería explicar también cuáles son las razones de la inquietante debilidad de los acuerdos que ha firmado con los transportistas, agricultores y pescadores, que le han costado más de 100.000 millones de pesetas en subvenciones y compensaciones específicas, pero que parecen haber perdido toda efectividad ante el primer vaivén de los precios.

Cosa distinta es la insistencia de la oposición en reclamar una rebaja temporal de los impuestos que gravan los carburantes. No existen en la práctica "rebajas temporales"; una vez aplicadas, difícilmente podrían restaurarse los impuestos iniciales sin que mediara otra protesta de las empresas. En cuanto a la tasa sobre los "beneficios extraordinarios", debería precisar qué entiende por extraordinarios y si propone crear un impuesto especial permanente o de pago único. ¿Se trata de crear un impuesto ad hoc para las petroleras, aparte del 35% que tributan por el general de sociedades?

El riesgo principal de esta nueva escalada de precios es que los sectores más afectados utilicen otra vez las subidas de los carburantes como un pretexto para embarcarse en una cadena sin fin de protestas y presiones en busca de ventajas comparativas o de escasa justificación. Una cosa es que el mercado de carburantes abunde en prácticas contrarias a la competencia, que deben eliminarse con la intervención del Gobierno y el TDC, y otra muy distinta impedir que las compañías trasladen a los consumidores el encarecimiento de costes de gasolinas y gasóleos en los mercados internacionales. Las delirantes llamadas a que el Gobierno "ponga fin" a la escalada de precios son un síntoma preocupante de que algunos sectores y responsables económicos no tienen muy clara la diferencia entre mercado e intervención.