Fraudes masivos

En una primera aproximación provisional, la justicia ha cuantificado el fraude de las gasolineras descubierto hace dos años en Madrid en 5.325 millones de pesetas. Es la fianza exigida, en concepto de responsabilidad civil, a las 35 personas judicialmente implicadas en el caso (propietarios y técnicos de gasolineras) para hacer frente a los efectos económicos que se deriven de una eventual sentencia condenatoria. Las modernas sociedades de consumo, con una oferta y una demanda masiva de bienes y servicios, se han convertido en víctimas propiciatorias de desaprensivos que no dudan en manipular y alterar los precios y pesos de los productos que venden. En los casos más graves, esa actuación no retrocede ni siquiera ante la manipulación del propio producto, como sucedió en España en el caso de la colza, con las consecuncias trágicas conocidas. Esta especie de delitos-masa, cuyos efectos se multiplican en cientos o miles de víctimas y perjudicados, ha merecido cada vez más la atención de los poderes públicos, aunque todavía queda mucho camino que recorrer en cuanto a su tipificación y sanción. En todo caso, el actual Código Penal dio un tímido aunque importante paso al reconocer la existencia de delitos expresamente dirigidos contra los consumidores..

El supuesto fraude de las gasolineras, denunciado en 1998 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pero que se venía produciendo desde al menos diez años antes, consistía en manipular los contadores de medición en los surtidores de gasolina, sisando aproximadamente un 5% de la cantidad facturada al cliente. Acierta el ministerio público al considerar que, además de un delito específico contra los consumidores, castigado con un año de prisión, los implicados han podido cometer uno de estafa, dado el carácter sistemático del fraude y el perjuicio patrimonial causado a decenas de miles de ciudadanos. También acierta la OCU, personada en el procedimiento, al solicitar que, dada la imposibilidad de identificar a la inmensa mayoría de los perjudicados, las cantidades defraudadas se integren en un fondo público para luchar contra este tipo de fraude.