ETA reabre el 'frente carcelario' y vuelve a señalar como objetivo a funcionarios de prisiones

ETA ha reabierto con el asesinato de Máximo Casado el frente carcelario, como denomina la banda sus atentados a funcionarios de prisiones. No actuaba contra estos trabajadores desde que mató al psicólogo de la cárcel de Martutene Javier Gómez Elosegui, en marzo de 1997. En noviembre de ese año, ETA suspendió los atentados contra este colectivo, duramente castigado, para facilitar el trabajo común y "aunar fuerzas" en favor del retorno de sus presos a Euskadi. Los sindicatos de prisiones han convocado para hoy paros y concentraciones. Ya son seis los funcionarios asesinados desde que se inició la dispersión, en 1983.

La dirección de ETA ha abierto más el abanico de objetivos en la ofensiva sangrienta que inició el pasado verano. Ayer retomó su particular campaña contra un colectivo como el de los funcionarios de prisiones, al que ha castigado con dureza desde que el primer Gobierno socialista diseñó la política de dispersión de los presos etarras. La respuesta desde los sindicatos de prisiones no se hizo esperar. En un comunicado conjunto, denunciaron a los que han conseguido "destrozar otra familia más". Las secciones de prisiones de CC OO, UGT, USO, CSI-CSIF y otros cuatro sindicatos del sector convocaron paros y una concentración silenciosa para mediodía de hoy en todas las prisiones españolas y en los servicios centrales de Instituciones Penitenciarias. Junto al apoyo de los compañeros de trabajo de Casado, que mostraron su "incomprensión, impotencia y rabia" por el atentado, el goteo de condenas llegadas desde las cárceles no cesó en todo el día. Trabajadores de centros penitenciarios de Madrid, Castellón, Valladolid..., y directores de prisiones clamaron contra el asesinato. Algún colectivo como la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias criticó que este colectivo no recibe protección especial por la policía, pese a ser un objetivo etarra.

El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, visitó ayer a la viuda de Casado y evitó toda declaración de contenido político. Se limitó a decir que ETA "ha llenado de dolor" a esa familia "para no conseguir nada".

Sólo en la prisión de Nanclares de la Oca trabajan 250 funcionarios y cumplen condena 31 presos de ETA, la mayoría en segundo grado (régimen cerrado). Hay 18.000 trabajadores de prisiones, además de los que dependen de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferida esa competencia.

Hasta ayer, los funcionarios penitenciarios asesinados por ETA eran Jorge Suar Muro (octubre de 1983, destinado en Cádiz), Angel Mota (marzo de 1990, Martutene), Manuel Pérez Ortega (junio de 1991, Sevilla), José Ramón Domínguez Burillo (enero de 1993, Martutene) y Javier Gómez Elosegui (marzo de 1997, Martutene). Pero ETA logró una conmoción sin precedentes en la sociedad española con el secuestro de José Antonio Ortega Lara, retenido por un comando terrorista durante 532 días y liberado por la Guardia Civil el 1 de julio de 1997. Y con el secuestro y posterior asesinato del edil Miguel Ángel Blanco, para cuya liberación ETA exigió al Gobierno el acercamiento de los presos y la variación de su política penitenciaria.

La campaña de atentados contra los que ETA, HB y Gestoras denominan despectivamente "carceleros" se ha visto apoyada con el envío de numerosos paquetes bomba que en alguna ocasión han producido víctimas mortales entre los familiares de los funcionarios de prisiones, como el caso de la madre del funcionario granadino Dionisio Bolívar en agosto de 1989.

Desde 1997, las campañas en favor del acercamiento de los presos, tradicionalmente circunscritas a los grupos afines a ETA, comenzaron a movilizar al resto de partidos, salvo el PP y el PSE. Y además involucraron a las instituciones vascas e incluso al Parlamento vasco que llegó a diseñar un plan de traslado de presos a Euskadi. Es en ese contexto en el que ETA anuncia el 20 de noviembre de 1997, la suspensión de los atentados contra este colectivo. Declarada la tregua, en septiembre de 1998, ETA no mencionó en ninguno de sus comunicados a sus presos. El Ministerio del Interior realizó dos significativos traslados de presos, en diciembre de 1998 y al año de la tregua, al acercar a 105 reclusos de la banda. Actualmente hay 434 etarras encarcelados.