Errores y responsabilidades

Todos podemos equivocarnos. Pero hay ámbitos profesionales, como el de la sanidad, en los que algunos errores pueden llegar a tener consecuencias irreparables. Y en esos casos, siendo importante que se tomen todas las precauciones posibles para prevenir y evitar el error, también es importante que cuando el error se produzca la transparencia sea absoluta, se asuman las responsabilidades y se facilite al máximo la reparación a los afectados.En el lamentable caso del contagio de hepatitis C del Hospital de Figueres, no parece que las cosas hayan ido enteramente por ese camino. Existió el error (reutilización de aguja infectada); el error ha tenido y puede seguir teniendo consecuencias muy graves para 13 personas; a falta de más datos, siguen existiendo dudas sobre la celeridad y transparencia en el proceso seguido para dar a conocer el caso a los posibles afectados; no se han depurado responsabilidades, y sobre todo, nada se sabe de las vías previstas para resarcir a los afectados del daño causado.

Las explicaciones dadas ayer por dos diputadas del PSC convertidas en improvisados portavoces del Departamento de Sanidad se dirigían a defender la honorabilidad del hospital y de los profesionales que trabajan en él. Nada que objetar. Pero no creo que pueda defenderse que el tema es únicamente técnico y que de lo que se trata es, sobre todo, de revisar los circuitos de seguridad de los hospitales. Diría que ésa es una visión excesivamente introspectiva del tema. Lo que nos debería preocupar sobre todo es qué sucede con los afectados.

En el Reino Unido, en 1994, el comité Wilson, creado para revisar los mecanismos de quejas de los enfermos en los hospitales públicos, propuso una serie de principios que convendría recordar aquí: capacidad de respuesta rápida y ágil ante los problemas y errores, uso de las quejas para mejorar los servicios, facilitar la total accesibilidad de información a los usuarios, imparcialidad en el trato, simplicidad, rapidez, confidencialidad, resarcimiento y rendición de cuentas a la sociedad.

Ese informe respondía así a los problemas de la etapa anterior, cuando casi siempre las instituciones sanitarias trataban más de apaciguar y reducir el impacto de las quejas que de investigar, resarcir y mejorar. Ello, se decía, es especialmente importante cuando, como en el caso de la sanidad pública, el usuario no tiene capacidad para cambiar de prestador o dejar de usar el servicio. Y cuando, además, el usuario no dispone de información sobre qué hacer, no sabe cuáles son los protocolos y más bien su intuición le lleva a concluir que si se queja quizá las cosas no le vayan demasiado bien en el futuro.

La reacción que hasta ahora conocemos en el caso de Figueres sigue una línea que se nos antoja más bien burocrática y defensiva, dejando a los afectados la costosa, lenta y compleja vía de la reclamación judicial. Desde una visión más acorde con los tiempos que corren, la iniciativa del resarcimiento y de la satisfacción del usuario descontento (y en este caso, infectado involuntario) pensamos que debería partir de la propia institución responsable.