El PSOE prepara una ley integral contra los malos tratos a mujeres

El PSOE presentará en el Congreso una propuesta de ley integral de violencia de género para afrontar el aumento de los malos tratos a mujeres, junto a la iniciativa de crear una delegación del Gobierno con rango de secretaría de Estado que coordine ministerios y autonomías en este tema. Las estadísticas son alarmantes, y las ha puesto ahora de relieve la iniciativa de José Bono de publicar la lista de los condenados por malos tratos.

Hace cinco años, las denuncias sumaban alrededor de 400.000, pero en la actualidad se han incrementado a 650.000, y van en aumento. En lo que va de año 55 mujeres han muerto asesinadas por sus maridos o compañeros, según la estadística de las asociaciones de mujeres -42, según cifras oficiales-, y 23 en el primer semestre de este año. Tan sólo en Madrid, el aumento ha sido brutal, de cuatro entre enero y septiembre en 1999 a 14 en el mismo periodo de este año, 15 si se incluye la mujer asesinada por su marido el pasado martes en Móstoles. El incremento de denuncias se atribuye a que las mujeres cada vez están más concienciadas y toleran menos los malos tratos, pese a que las sanciones del Código Penal contra estas conductas son consideradas irrelevantes por parte de las afectadas. En realidad, tan sólo del 5% al 10% de los casos acaban en los juzgados.Esta situación es la que ha provocado la iniciativa socialista, con la colaboración de asociaciones jurídicas y de mujeres, por considerar que el plan integral aplicado actualmente por el Gobierno no da resultado, y lo ha puesto en primera línea la polémica suscitada por el presidente de Castilla-La Mancha. El articulado en fase de elaboración cubre el problema de manera global, tanto desde el lado penal como desde el cultural, educativo, sanitario y sociolaboral, planteando también la necesidad de un registro único de estos casos, ya que hoy suelen diferir hasta los datos de Interior con los de otros ministerios.

Para hacer frente a un problema que algunos sectores consideran incluso de mayores dimensiones que el terrorismo político hay numerosas propuestas, como reformas en el marco legal y si es preciso, según algunos, el agravamiento de las penas, que actualmente van de multa a arresto de fin de semana en el caso de faltas (la mayoría de los casos) y cárcel cuando la agresión pasa a considerarse delito por el juez.

Para las asociaciones de mujeres, los jueces son muy benevolentes y condenan a los agresores "a penas rídículas", asegura Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas, quien añade que "es más barato pegar a una mujer que comprar una cajetilla de tabaco".

Junto a eso, aumentar el presupuesto para crear centros de atención a las mujeres maltratadas con programas específicos de violencia y rehabilitación de los maltratadores, campañas de concienciación social y formación de las fuerzas de seguridad para atender estos casos, además de protección a las mujeres amenazadas.

Pérez del Campo se queja de que hasta ahora lo único que se hace es aconsejar a la mujer que denuncie, pero nadie le garantiza su seguridad. "Entre 1997-2000, el 98% de las víctimas han sido asesinadas después de denunciar", añade.

En cualquier caso, el problema es mucho más profundo que el de reformar o promulgar nuevas leyes, porque se trata de un fenómeno de conducta social, y para las asociaciones de mujeres es vital que los malos tratos de puertas adentro de los hogares se dejen de considerar un asunto privado. La gente debe asumir que es un delito. "Hay quien se sabe que maltrata, pero el colectivo -los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos- no se escandaliza", asegura Flores, quien añade que los malos tratos no se dan sólo en los niveles socioeconómicos y culturales más bajos, sino en todos los estamentos sociales, pero no se denuncian.

La polémica sobre publicación de listas de condenados es anecdótica en comparación con la gravedad del problema, pero plantea una inquietante pregunta. ¿Serviría como disuasión o simplemente como escarnio y linchamiento de personas que ya han cumplido con la justicia? Una fuente jurídica consultada ha resumido que esto "parece muy terrible y peligroso".

Asociaciones de jueces y fiscales argumentan que las sentencias dictadas por los tribunales son públicas porque así lo dice la Constitución, y por eso son difundidas por los periódicos. Una cosa bien distinta es crear listados con los nombres de los condenados para publicar. Esto afecta a la Constitución, que establece que la principal función de la pena es la educación y la reinserción social de los condenados.

Pero éstos tienen otras garantías en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ampara su intimidad. Además, está la Ley de Protección de Datos, que prohíbe crear ficheros informáticos para fines distintos de los establecidos por la ley.

El propio Código Penal contempla como derecho del condenado la cancelación de antecedentes penales. ¿Cómo compaginar ese derecho con que el nombre del condenado pueda ser utilizado en listas de ese tipo en cualquier momento?, se pregunta la juez Montserrat Comas, de Jueces para la Democracia, quien dice que crear un listado de condenados en un tótum revolótum, sin distinguir si lo han sido por delitos o faltas o si hay suspensión de condena, "es una barbaridad". Cada caso es distinto entre los condenados, y hay un dato significativo: el 78% de las condenas son por juicio de faltas y se resuelven con multa o arrestos de fin de semana. Lo que se consigue con propuestas como la de Bono es estigmatizar y crear un plus en la pena, el del escarnio social, lo que sería tanto como volver al principio medieval de la retribución de la pena. La persona afectada podría denunciar su caso y los jueces tendrían que actuar.

Pero nada de esto consuela a las mujeres, que comparan esa situación con la de los terroristas, que sin ser condenados sus nombres y fotos aparecen por todas partes. La Asociación Pro Derechos Humanos estima éticamente aceptable que se desenmascare a los maltratadores, y pone el caso Arni como ejemplo, en el que se airearon muchos nombres de personas que luego fueron absueltas. "Lo de respetar la intimidad está bien si fuese algo generalizado, pero no lo es", dice su portavoz, Ana María Flores.

Argumentos que han levantado también una furibunda reacción en medios jurídicos, porque la finalidad del escarnio social nada tiene que ver con el objetivo de que la población ayude a la policía a encontrar a los terroristas para impedir que maten.