La Generalitat reclama a la Seguridad Social 56.000 millones de pesetas correspondientes al año 1996

La cuenta general de la Generalitat Valenciana correspondiente a 1999, remitida ayer a las Cortes por el interventor general, confirma que el Consell recortó en más de 20.000 millones de pesetas su presupuesto inicial de inversiones durante el pasado ejercicio y que la nómina del personal público y los gastos de funcionamiento se dispararon por encima de los 36.000 millones, de acuerdo con los datos que maneja hace varias semanas la Sindicatura de Comptes.Pero el detalle de la liquidación del presupuesto de 1999 recoge otros aspectos preocupantes en las cuentas de la Generalitat, entre los que destaca una reclamación pendiente a la Seguridad Social correspondiente al ejercicio de 1996, que el Consell todavía mantiene viva, y que se eleva a la friolera de 56.232 millones de pesetas.

La cuenta general de 1999 recoge como pendientes de cobro 318.456 millones de pesetas. Un año antes, esos derechos se elevaban a 256.551 millones. Según el interventor, a lo largo de 1999 Hacienda logró reducir esa partida en 41.663 millones y tuvo que anular 15.806 millones ante la imposibilidad de cobrarlos.

El interventor explica que las deudas pendientes de cobro que Hacienda reclama a la Seguridad Social se elevan a 104.190 millones de pesetas desde 1990, de los cuales, más de la mitad corresponden a 1996. La cuenta general menciona expresamente que entre los 56.232 millones pendientes de cobro de 1996 se cuentan 45.040 millones correspondientes a "la compensación de desequilibrios financieros territoriales" por la atención sanitaria a desplazados entre 1994 y 1996.

El 16 de abril de 1996, José Luis Olivas, entonces consejero de Hacienda, presentó la liquidación del presupuesto de 1995 -un ejercicio cuya gestión habían compartido populares y socialistas-, con un déficit que rondaba los 64.000 millones de pesetas. El 80% de ese desfase entre los ingresos previstos por la Generalitat y sus gastos reales al final del año tenía su origen en la anulación de derechos pendientes de cobro. Olivas explicó entonces que los socialistas mantenían vivas facturas que habían girado a la Administración del Estado por deudas pendientes de la Seguridad Social y de fondos europeos correspondientes al año "1993 y anteriores" que nunca se podrían cobrar. Una práctica que el Consell parece haber dejado caer en el olvido.