El Parlamento plantea que la inspección laboral combata la discriminación salarial de las mujeres en las empresas

El Parlamento aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos una propuesta del PSE que insta al Gobierno vasco a promover un programa específico de inspección que combata la discriminación salarial de las mujeres dentro de las empresas. El objetivo de la iniciativa, según la parlamentaria socialista Teresa Rodríguez Barahona, es establecer "medidas concretas de control directo de las empresas", más allá de la supervisión de los convenios que establece el tercer Plan de Acción Positiva del Ejecutivo.La proposición no de ley aprobada insta al Ejecutivo autonómico a que traslade al Gobierno central, administración competente en materia de inspección laboral, la necesidad de que se inspeccionen los aspectos relativos a "clasificación profesional, retribución salarial, así como protección de la maternidad".

Rodríguez Barahona puso de relieve que hacen falta medidas encaminadas a facilitar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones "tanto en lo referente al acceso al empleo y contratación, como en lo que respecta a la formación, clasificación y retribución salarial". En este terreno, el III Plan de Acción Positiva para las mujeres establece medidas administrativas, "pero no de control directo, de vigilancia de los derechos en la práctica".

La parlamentaria indicó en la Comisión de Mujer y Juventud que la discriminación salarial que se constata en las empresas se traduce en que las empleadas cobran el 71,8% del sueldo que perciben sus compañeros varones por un trabajo similar. La "sutileza" del sistema laboral permite que exista una variedad tal en la clasificación de los puestos de trabajos que la desigualdad es difícil de probar. Esta propuesta se enfrenta, como pusieron de manifiesto ayer algunos representantes de otras formaciones, con la inexistencia de un órgano de coordinación bilateral en materia de inspección de trabajo y seguridad social entre los gobiernos vasco y central. Ello no representa un impedimento para que "desde aquí se proponga a Madrid la creación de este programa", a juicio de Rodríguez Barahona.