Barak impone el aislamiento de los territorios palestinos

El Gobierno laborista de Ehud Bark empezó ayer a aplicar un paquete de sanciones políticas, económicas y militares contra la población palestina como castigo por su insurrección popular. Las medidas han provocado la ira de diversas organizaciones humanitarias, incluidas las israelíes, como B'tselem, que recordaban ayer que "incluso en tiempo de guerra no todo está permitido". El plan de medidas sancionadoras fue elaborado el pasado mes de julio cuando, a raíz de la marcha de las conversaciones de Camp David entre israelíes y palestinos, empezó a temerse el estallido de una insurrección popular en los territorios autónomos.

Éstas son las sanciones impuestas:

- Cierre de los territorios autónomos de Cisjordania y Gaza por tiempo indefinido.

- Cierre del aeropuerto de Gaza, incluidos los vuelos humanitarios, que se ven obligados a utilizar un aeropuerto próximo en Egipto y sólo abierto para el avión del presidente Yasir Arafat.

- Reducción drástica de la entrada en Cisjordania y Gaza de mercancías de consumo.

- Reducción en un 90% de los permisos que autorizan a los obreros a trabajar en Israel, con lo cual se provoca el paro inmediato de más de 90.000 trabajadores, especialmente de la franja de Gaza.

- Cancelación del pasaje entre Gaza y Hebrón, puesto en marcha hace poco menos de un año.

- Congelación de las transferencias económicas a la Autoridad Nacional Palestina, entre ellas la parte de los impuestos pagados por los palestinos a Israel.

- Retirada de numerosos permisos de tránsito rápido otorgados a las diferentes autoridades civiles palestinas, entre ellos el de Marwan Barghuti, jefe de Tanzim (la Organización, uno de los cuerpos de seguridad de los palestinos) y miembro del Parlamento.

- Restricción de las importaciones y exportaciones de bienes, incluidas las exportaciones de bienes perecederos como las frutas y las flores.

- Congelación de las obras del puerto de Gaza, que financia esencialmente la Unión Europea.

- Licencia a los mandos militares para que utilicen helicópteros y ametralladoras pesadas sin requerimientos oportunos.

- Ampliación de las áreas de vigilancia encargadas al Ejército.

- Permiso para desplazar poblacion o destruir edificios si lo requieren las razones de seguridad.

- Bloqueo férreo sobre las poblaciones más problemáticas, como por ejemplo Nablús.