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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lógica democrática

El Gobierno vasco consideró ayer, por boca de su portavoz, que las mociones de censura contra el lehendakari votadas la víspera fueron derrotadas legal y políticamente, por lo que "nada ha cambiado". Sin embargo, las propuestas de actuación que adelantó para los próximos meses tienen más que ver con aquello que la oposición le reprochó no haber hecho que con la reafirmación de su política de estos años. Parece dudoso, en todo caso, que esas propuestas puedan evitar la convocatoria de elecciones anticipadas.El portavoz anunció una gran manifestación por la disolución de ETA y un acto a favor del pleno desarrollo del Estatuto de Gernika con motivo del 21º aniversario de su aprobación. Al mismo tiempo pidió a la oposición buscar espacios de entendimiento en torno a principios como la defensa de las libertades, la oposición al terrorismo, el compromiso por el estatuto y el diálogo en busca de consensos más amplios. Lo que se reprochaba a los nacionalistas era justamente su impasibilidad ante la pérdida de libertad e indefensión de los no nacionalistas, su abandono del estatuto a favor de un soberanismo más o menos sobrevenido y la sustitución de un consenso del 80% de los ciudadanos por otro que como mucho podría abarcar a la mitad de la población. La duda es si se trata del esbozo de una autocrítica por vía de hecho o sólo de un intento de romper el ensayo de alianza entre el PP y el PSOE que se apuntó en la sesión parlamentaria del jueves.

Las razones para la presentación de las mociones son de lógica democrática; las mismas que hay para convocar elecciones anticipadas: que Ibarretxe ha perdido la mayoría y carece de alternativa; que las elecciones de 1998 fueron convocadas bajo la bandera del estatuto, ocultando la existencia de un pacto con ETA, y que la política efectivamente desplegada luego ha sido de desbordamiento del marco autonómico mediante iniciativas como la participación en la asamblea de electos, Udalbiltza, que el PNV y EA siguen considerando válida (y subvencionándola).

Son razones de mucho peso político y moral. Ibarretxe fue incapaz de refutarlas, prefiriendo descalificar las mociones como incoherentes, por juntar votos de la derecha y de la izquierda. Pero el hecho mismo de que fuerzas tan distantes en otros terrenos como el PP y el PSOE se unieran a la hora de censurarle debería entenderse como un síntoma más de la excepcionalidad de la situación vasca. Lo más descorazonador fue que, frente al drama de un país en el que la mitad de la población se siente amenazada y con su libertad condicionada por una banda terrorista cuyo brazo político ha sido aliado del partido del lehendakari, éste respondiera preguntando a sus críticos si aceptaban o no el ámbito vasco de decisión.

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