"Nos hubiera gustado una mayor comprensión en España"

Los Gobiernos de Chile y España firman la paz tras el huracán que supuso el caso Pinochet. Soledad Alvear, la ministra chilena de Relaciones Exteriores, fue recibida ayer por el Rey y el presidente del Gobierno y se reunió con su colega Josep Piqué para renovar el Tratado de Cooperación y Amistad. Es la primera visita ministerial después de la crisis de Pinochet y el objetivo, además de recomponer lazos y relanzar la cooperación, es el de preparar el viaje a España del presidente chileno, Ricardo Lagos, previsto para la primavera de 2001. Alvear, de 49 años, democristiana, fue ministra de Justicia en el anterior Gobierno del presidente Patricio Aylwin y jugó un papel fundamental en la dirección de la campaña electoral de Lagos. Su triunfo le permitió ocupar, el 11 de marzo, la cartera de Relaciones Exteriores.

Pregunta. Reanudar relaciones es el objetivo. Objetivo necesario, porque la etapa atravesada fue realmente mala.

Respuesta. Sí, difícil. Chile sostuvo, y sigue sosteniendo, que son nuestros tribunales de justicia, en nuestro país, los que deben conocer los delitos que en Chile se han cometido. Ésa es la tesis de nuestro país, es la tesis que seguimos sosteniendo y es lo que está ocurriendo: los hechos delictivos cometidos son conocidos por un poder judicial que es autónomo e independiente. Y en paralelo, nosotros suscribimos muy temprano el Tratado de Roma para crear el Tribunal Penal Internacional. Hemos presentado este proyecto al Congreso nacional. Ya se aprobó en dos comisiones de la Cámara de Diputados y esperamos muy pronto llevarlo al pleno, porque creemos que si no es posible, por razones distintas de considerar, juzgar a personas en distintos países, el Tribunal Penal Internacional es el órgano que establece el proceso y faculta para conocer determinados delitos. Es la forma en la que debe abordarse algo tan delicado como los derechos humanos.

P. ¿Ustedes entendieron las posiciones del Gobierno español?

R. Esta tesis que hemos sostenido fue, en definitiva, diferente a la que aquí se sostuvo, especialmente por un juez, que fue el que estaba realizando la investigación. Nosotros comprendemos y respetamos la autonomía que el poder judicial tiene en los respectivos países. Sin embargo, hemos reiterado con mucha fuerza y seguimos haciéndolo que el único camino para que exista una jurisdicción internacional en materia de delitos graves sobre derechos humanos es la existencia de un Tribunal Penal Internacional.

P. Por cierto, en su agenda no figura ningún encuentro con el juez Baltasar Garzón.

R. No. No lo he solicitado y no corresponde. No estoy trabajando a nivel judicial.

P. ¿Qué se alteró entre los dos Gobiernos en el curso del caso?

R. Aquello generó una situación de estancamiento en las relaciones bilaterales, y eso no es bueno. Tenemos un pasado común, familias comunes, tenemos tantas tareas que construir. Fue tan fuerte lo ocurrido que no hubo posibilidad de tener una situación más llana. Creo que ahora estamos en condiciones de poder retomar las relaciones.

P. ¿No han quedado heridas?

R. Quisiéramos que existiese una comprensión de lo que fue nuestra postura.

P. ¿Qué sensación les llegaba desde España?

R. Yo diría que en algunas ocasiones se percibió en nuestro país una incomprensión respecto a lo que planteábamos. Nos habría gustado que se hubiera comprendido mejor. Ojalá que hoy se comprenda.

P. ¿Las inversiones españolas en Chile (más de la mitad de la inversión extranjera) sufrieron con el caso Pinochet?

R. España es el primer país inversor de la UE en nuestro país, y en sectores estratégicos. Es un socio relevante. Hubo un momento de baja de inversiones y exportaciones -ya superada-, pero es difícil valorarlo, porque coincidió con la crisis asiática.

P. ¿Comparte la impresión de que el caso Pinochet fue muy útil?

R. Mire, yo quiero señalarle con mucha franqueza que en nuestro país, nuestros jueces y nuestros tribunales estaban conociendo, con antelación a lo ocurrido aquí en España, muchos casos de violaciones de derechos humanos, algunos con sentencias condenatorias, y personas que habían violado derechos humanos, que habían atentado y matado, o participado en hechos muy delicados, se encuentran cumpliendo condena.

P. ¿Qué implica el despojamiento de la inmunidad de Pinochet decidido por la Corte Suprema?

R. La existencia de un poder judicial autónomo que toma las decisiones como lo estiman pertinente sus jueces, en atención a lo que se somete a su consideración, y, por ende, el pleno funcionamiento del Estado de derecho.

P. ¿Es realista la posibilidad de que Pinochet sea condenado?

R. Ésa es una decisión que corresponde a los tribunales de justicia. En un Estado de derecho, a los otros poderes no nos corresponde ni involucrarnos ni emitir opiniones. Lo que sí nos corresponde a todos es acatar las resoluciones judiciales, independientemente de la valoración que se tenga.

P. Las actuaciones en curso podrían -como ha dicho el almirante Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Armada- paralizar la recogida de datos sobre desaparecidos?

R. Se ha llevado adelante con mucho éxito una mesa de diálogo en la que participaron personas que durante años tuvieron desencuentros: Fuerzas Armadas, personas de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos, abogados..., que entregaron una propuesta al presidente que luego fue ley. Esa ley tiende a buscar los restos de los desaparecidos y nosotros albergamos esperanzas de que haya efectivamente esa información. Esto se está realizando de forma reservada y esperamos que esas expresiones [las de Arancibia] no se reflejen luego en la realidad, después del esfuerzo tan importante que ha hecho la sociedad chilena. Mientras existan víctimas cuyos restos no se han encontrado, en Chile va a permanecer una herida abierta.