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El CES pide un debate "menos precipitado" sobre el traspaso de RTVE a la SEPI

El Consejo Económico y Social (CES) hizo ayer público su dictamen sobre la denominada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año que viene. Una vez más, el CES evalúa negativamente la cantidad de normas (48) que se modifican. En esa crítica coincide el dictamen del Consejo de Estado. Entre esas normas está la que fija la adscripción de RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para la que el CES pide "un debate menos precipitado". Por el contrario, el CES cree "oportuna" la tasa por el uso del espacio radioeléctrico

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El dictamen del CES, donde están representados patronales, sindicatos y organizaciones de consumidores, es preceptivo pero no vinculante, por lo que el Gobierno puede aprobar el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos sin hacer caso a sus observaciones. Mañana es el día en que el Consejo de Ministros debe enviar esa norma al Congreso para su tramitación antes de final de año y su entrada en vigor en enero de 2001.Aunque la propuesta de dictamen no incluia una valoración del traspaso de RTVE a la SEPI, los sindicatos CC OO y UGT, representados en el CES, lograron que se introdujese una referencia crítica. "El CES considera que debería abrirse un debate menos precipitado sobre las posibles fórmulas para alcanzar la finalidad perseguida por la modificación propuesta, de mejora del control económico y financiero", dice el texto aprobado.

El otro aspecto polémico de esta Ley de Acompañamiento es la elevación de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico, que el CES considera "oportuna". Esta tasa, dice el dictamen, "viene a complementar los ingresos obtenidos por el Estado en la adjudicación de las licencias de telefonía móvil de última generación (UMTS)".

Añade que, "a diferencia de otros países europeos, el sistema de concurso utilizado en España ha supuesto unos ingresos sustancialemente inferiores a los que podría haber recibido a través del sistema de subasta". El CES lanza una primera queja sobre la falta de explicación sobre el impacto económico de la tasa, aunque considera "razonable" que su importe ya no tenga carácter finalista.

Si antes la recaudación se destinaba a desarrollo tecnológico, ahora formará parte del conjunto de ingresos del Estado sin un fin específico. No obstante, el CES entiende que una parte "suficiente" de la recaudación debería emplearse en financiar las necesidades de infraestructuras que garanticen un servicio universal, tanto de los actuales como de los futuros servicios de telecomunicaciones.

Támbién valora de forma positiva la exención del impuesto de trasmisiones y actos jurídicos documentados para las cancelaciones de hipotecas y para su novación cuando el objetivo sea reducir el tipo de interés del préstamo. Igualmente, se considera acertada la reducción del plazo de prescricpción de deudas a la Seguridad Social, de cinco a cuatro años.

En el terreno laboral, el CES rechaza la movilidad geográfica a nivel provincial (hasta ahora local) para los funcionarios públicos, por considerar que "una medida de este calado" debería ser objeto de negociación con los representantes del personal de la Administración pública. También señala que la regulación de la renta de inserción debería inscribirse en un marco más amplio y dentro también del diálogo social.

El CES insiste, un año más, en la profusión de modificaciones legislativas que se producen en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, hasta 48 en esta ocasión, más las que se incluyan durante el trámite parlamentario. Esta dispersión de normas "dificulta su localización y entendimiento por parte del ciudadano obligado a ellas", dice el CES. Propone que se limiten por ley las materias a regular en esta norma e insiste en la necesidad de que se le acompañe una memoria económica.

En esta crítica coincide el Consejo de Estado en su dictamen sobre esta ley enviado al Gobierno. El Consejo destaca, como ya hizo el pasado año, "las graves distorsiones que, con creciente intensidad" se producen por "el aluvión de innovaciones normativas heterogéneas y dispares en cuanto a su relevancia". Añade que las modificaciones deberían incluirse en sus propias normas y no en el conglomerado de la Ley de Acompañamiento.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Antonio Durán-Sindreu, aseguró ayer que si el Gobierno no actualiza con la inflación la tarifa, el mínimo personal y las deducciones del IRPF se producirá "un incremento solapado" de la presión fiscal que perjudicará al conjunto de los contribuyentes. Durán Sindreu calificó de "complejo" el sistema de retenciones actual y abogó por sustituirlo por uno "menos perfecto" pero más objetivo.

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