El informe de los peritos reactiva la investigación, que ya se prolonga dos años e incluye a 21 imputados

Dos años y medio han bastado a Boliden para desplegar una intensa, y contradictoria, actividad. Durante un año, sus técnicos se esforzaron en convencer a responsables políticos, científicos y ecologistas de la viabilidad de la explotación minera de Aznalcóllar, a pesar del desastre medioambiental que provocó la rotura de su balsa de residuos. 17 meses después de la reapertura, anuncia que recoge los bártulos. En el frente judicial, la actividad de Boliden ha sido igualmente intensa, pero, aparentemente, más coherente: su único objetivo ha sido repartir la responsabilidad de un accidente que se produjo en sus instalaciones mineras.

La multinacional sueco-canadiense contrató un reputado equipo de ingenieros para bucear en las causas del desastre. Sus conclusiones se ajustaron como un guante en la estrategia de la empresa: en la construcción de la balsa accidentada, realizada y vigilada por empresas de Dragados y Construcciones, se había incurrido, supuestamente, en errores de cálculo. El dictamen de los peritos judiciales, conocido en abril de este año, confirma parcialmente el informe de Boliden, aunque matiza que el proyecto siguió las prácticas de ingeniería de la época (la construcción se realizó a finales de los años setenta y Boliden no adquirió la balsa hasta 1987).

El informe de los peritos judiciales, que se retrasó por falta de medios materiales y que aún provocó una nueva dilación por la dificultad de distribuir a los 40 abogados personados copias de un trabajo que ocupa siete tomos, ha reactivado la instrucción del caso, que ya dura dos años. La juez Celia Belhad-Ben, titular del Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), tras los datos de los peritos, ha vuelto a tomar declaración en las últimas semanas. En el caso, están imputados seis empleados de Boliden Apirsa, 12 técnicos de la consultora Geocisa (filial de Dragados y Construcciones), dos funcionarios de la Consejería andaluza de Industria y otro del Instituto Tecnológico Geominero (del Ministerio de Medio Ambiente).

Belhad-Ben investiga un caso sin precedentes, que puede prolongarse durante años, con escasos medios materiales: para consultar el informe pericial, los abogados aguardaron turno para ocupar la única silla libre.