Revolución jurídica en el Reino Unido

Al incorporar la Convención Europea de Derechos Humanos a la legislación nacional, el Reino Unido cuenta desde ayer con el primer abanico de normas de protección de las personas desde que en 1215 fuera promulgada la Carta Magna, texto arrancado al rey Juan Plantagenet por sus nobles y que defendía a los súbditos y a sus bienes de cualquier interferencia ilegal. El Gobierno laborista ha presentado la revolución jurídica como una oportunidad para las víctimas de los abusos de poder. Para indemnizarlas ha reservado ya 60 millones de libras (16.000 millones de pesetas). La oposición conservadora rechaza los cambios porque facultan a los jueces para criticar las leyes del Parlamento.El Reino Unido firmó en 1950, pero sin adoptarlos, los 18 artículos de la Convención misma, heredera de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948. Por eso, los particulares que han denunciado la quiebra en suelo británico de sus derechos sobre la salud y la familia, el trabajo, la educación y la vida privada, así como la inmigración, la libertad de expresión o el régimen penitenciario, se habían visto obligados hasta ahora a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Eso ha provocado más de un quebradero de cabeza a Londres, puesto que las decisiones de los jueces europeos son vinculantes y los países signatarios de la Convención están obligados a modificar su legislación cuando pierden un caso.

La condena más reciente para el Reino Unido data de 1999 por haber tratado como adultos a los menores Jon Venables y Robert Thompson, asesinos del pequeño James Bulger. Los jueces europeos invocaron el derecho a un juicio justo (artículo 6). En el mismo fallo fue descalificado el Ministerio de Interior por aumentar a 15 años una pena fijada en 10 por el Supremo británico. Venables y Thompson, de 18 años, serán puestos en libertad en breve.

También el año pasado, el derecho a la intimidad (artículo 8) fue alegado para considerar ilegal el veto a los homosexuales en las Fuerzas Armadas. La prohibición fue levantada y gays y lesbianas están ahora sujetos a las mismas exigencias que los soldados heterosexuales. El castigo corporal de los escolares británicos acabó igualmente en Estrasburgo. En 1982, la victoria de dos madres escocesas facilitó la desaparición de varas y reglas punitivas en 1987. Los colegios privados las abolieron en 1999.

Según el ministro de Interior, Jack Straw, la Convención creará una "nueva cultura legal que permitirá al ciudadano denunciar a las autoridades, políticos y policía incluidos, cuando se sienta perjudicado por sus actuaciones o negligencia". Straw ha puntualizado que los jueces no estarán facultados para derogar por sí solos una ley propia considerada contraria a la Convención. "Podrán señalar la incompatibilidad de una norma británica con la europea, pero el Parlamento es el único capacitado para enmendarla o suprimirla", ha dicho. Entre los abogados listos para demandar a los poderes públicos se cuenta Cherie Booth, esposa del primer ministro, Tony Blair. El nuevo despacho que ha montado con varios colegas se llama Matrix y destaca en el epicentro del "sector legal que más está creciendo en el país", según los juristas británicos.

Las garantías parlamentarias ofrecidas por el Ejecutivo no han convencido a los conservadores, que sostienen que la presión será intolerable si un juez confirma que una ley interna contraviene la Convención. Michael Nazir-Ali, arzobispo anglicano de Rochester, ha añadido que la misma será utilizada para favorecer a los homosexuales y la clonación, contra los valores cristianos.