La herencia maldita

Como casi todas las dictaduras, la que Fujimori y Montesinos instalaron en el Perú en 1992, en complicidad con una cúpula de militares felones, se termina en el descrédito, la payasada y el caos. Aunque, desde el fraude electoral de abril para prolongar el régimen autoritario hasta 2005, y la formidable reacción de protesta que ello motivó -su clímax fue La Marcha de los Cuatro Suyos- era previsible que el gobierno ilegítimo no duraría, pocos podían imaginar que su desmoronamiento sería tan inminente y grotesco.Dos escándalos lo precipitaron: la revelación de que oficiales de las Fuerzas Armadas habían perpetrado un contrabando de millares de fusiles, adquiridos en Jordania, para las guerrillas de las FARC colombianas, y la presentación, por el diputado de la oposición Fernando Olivera, de un vídeo en el que se veía a Montesinos, en su despacho del SIN (Servicio de Inteligencia), pagando 15 mil dólares a uno de los parlamentarios que la dictadura compró para tener la mayoría que necesitaba en el Congreso a fin de legitimar la patraña electoral. La operación de las armas jordanas era una comedia montada por el régimen para presentar al "hombre fuerte" como un as del espionaje responsable; el propio Montesinos y Fujimori se jactaron, en conferencia de prensa, de haber capturado a los contrabandistas (unos pobres diablos de menor cuantía). Pero la farsa se frustró cuando el gobierno de Jordania hizo saber que la venta de los fusiles había sido una transacción oficial, de gobierno a gobierno, y puso la documentación que lo probaba a disposición de la comunidad internacional. Los contrabandistas eran, en verdad, Montesinos, Fujimori, y sus validos en el Ejército. Es posible que, a partir de ese momento, Estados Unidos decidiera que el gobierno bribón debía cesar, pues sus desafueros constituían un peligro para la estabilidad de la región. El otro escándalo, el del diputado mercenario Luis Alberto Kouri, remeció a la opinión pública peruana de una manera que me dejó maravillado. Por lo visto, muchos compatriotas sólo ahora advertían los niveles de putrefacción en que el tándem Fujimori-Montesinos tiene desde hace ocho años al país. ¿No se habían enterado de que, al igual que diputados, también vendían sus servicios a la dictadura dueños de periódicos y de canales de televisión, empresarios y oficiales, sindicalistas y jueces, y una larga fauna de convenencieros de diversa laya y condición? Más vale tarde que nunca, desde luego, y ojalá lo recuerden en la próxima ocasión, que, por desgracia, podría no ser tan lejana como desearíamos.

Incapaz de resistir las presiones, nacionales e internacionales, ejercidas sobre él para que renunciara, Fujimori anunció nuevas elecciones, y que no volvería a ser candidato. La explosión de alegría resultante en el Perú y en el mundo fue algo prematura. En verdad, el oblicuo y mendaz personaje quería descargar la tensión y ganar tiempo, pues pocos días después, ante unos centenares de "partidarios" acarreados como ganado desde los pueblos jóvenes, explicaba que se quedaría un año más, y que él mismo controlaría las nuevas elecciones. En la sombra, una sórdida puja tenía lugar entre la mafia gobernante: Montesinos y sus compinches de uniforme proponían un nuevo golpe de Estado y Fujimori y los suyos una salida negociada y demorada, que les garantizara la impunidad y dejara abiertas las puertas de un retorno político en el año 2006 (lo que prueba que el poder autoritario, además de enriquecerlos, también imbeciliza a sus detentadores).

Montesinos se ha fugado a Panamá, cuyo gobierno, gracias a las presiones del Secretario General de la OEA y algunos gobiernos latinoamericanos, se ha visto obligado -después de haberse negado a hacerlo- a darle un refugio provisional de cuatro semanas. ¡Pobre Panamá! Como si no tuviera ya bastantes rufianes políticos asilados en su suelo -Céndrars, Bucaram, José Serrano-, ahora le imponen a uno de los más sanguinarios y corruptos criminales de la historia dictatorial de América Latina. El empeño en viajar a Panamá del ex jefe del SIN, es que buena parte de su vasta fortuna acumulada en estos años está invertida en propiedades o cuentas cifradas en bancos panameños. Aunque aceptó a Montesinos, Panamá expulsó a otros siete cómplices suyos del SIN, cuatro generales y dos coroneles entre ellos, que pretendían también asilarse. A su vuelta al Perú, el Ejército se encargó de recibirlos en el aeropuerto y de esconderlos en los cuarteles, a buen recaudo de la prensa. Los asesinos de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, de los vecinos de los Barrios Altos, los descuartizadores de Mariella Barreto, los torturadores y violadores de Leonor la Rosa y de tantos millares de peruanos vejados, encarcelados, robados y desaparecidos en estos años de oprobio, pueden pues, todavía, descansar tranquilos.

Ante las múltiples protestas por la fuga de Montesinos, la OEA y el State Department han explicado que mediaron ante Panamá porque, si Vladimiro Montesinos era encarcelado en el Perú, el Ejército había amenazado con sacar los tanques y deponer al Gobierno, lo que habría frustrado el "calendario democratizador" anunciado por Fujimori. Semejante explicación presupone una ceguera estraordinaria sobre la verdadera situación peruana, pues hace recaer toda la carga negativa del régimen de Montesinos y la cúpula militar que él impuso en el aparato castrense -empezando por el Jefe del Comando Conjunto, general José Villanueva, y terminando por el jefe de la División de Tanques, Luis Cubas Portal, cuñado del ex jefe del SIN-, y el Presidente Fujimori, que sería algo así como una víctima amenazada por aquellos malvados. Sería para reírse a carcajadas, si la realidad detrás de semejante paparruchada no fuera trágica.

En verdad, aunque las circunstancias hayan abierto un momentáneo conflicto entre Fujimori y Montesinos -en todas las mafias, los mafiosos acaban entrematándose- existe entre ambos una identidad irrompible. La dictadura peruana es hechura de ambos por igual, y sólo existe porque ese par de miserables se conjuraron para destruir la democracia que el Perú había recuperado en 1980, con la pandilla de militares traidores (al pueblo peruano, que les paga su sueldo y les compra sus cañones) que todavía controlan las Fuerzas Armadas, la espina dorsal de este régimen y de todas las dictaduras que han existido y existirán en el mundo.

De modo que es no sólo ingenuo, sino de una absurdidad total, crer que puede haber elecciones libres, y una genuina transición democrática en el Perú, mientras aquella cúpula militar, emanada de Vladimiro Montesinos, siga ejercitando el poder absoluto que ejerce desde 1992, cuando Fujimori se convirtió, por decisión propia, en el fantoche civil de un régimen sustentado en la fuerza.

Para que la transición sea posible, es indispensable que la cúpula militar cómplice de Montesinos, sea reemplazada por militares profesionales y constitucionalistas -que, en estos años, fueron postergados o pasados a retiro-, y, sobre todo, no comprometidos con los grandes delitos de corrupción y de abusos a los derechos humanos que jalonan la historia de este régimen. Y que, como pide la oposición, Fujimori concrete su renuncia de inmediato y el gobierno que preside sea reemplazado por un gobierno de transición, integrado por personas que inspiren un mínimo de confianza a la sociedad peruana. ¿Qué clase de garantías de imparcialidad en las próximas elecciones pueden brindar los bribonzuelos que ahora lo rodean?A eso aludía al decir que la gigantesca alegría popular que mereció el anuncio de nuevas elecciones era, tal vez, apresurada. Porque, tal como están las cosas en la actualidad, el fin de esta dictadura, que es inevitable, podría significar, no el restablecimiento de la democracia, sino la instalación de un nuevo régimen autoritario, revestido de un disfraz distinto. Éste es un peligro muy real, si la oposición y la comunidad internacional se dejan embaucar una vez más con la estrategia diseñada ahora por Fujimori y los suyos para exonerarse de culpas autoritarias, pretendiendo transferir toda la responsabilidad de los crímenes, robos y abusos de estos años al malvado Montesinos, y dejando al Presidente espúreo, por obra de estas magias, impoluto y transformado de victimario en víctima.

La dictadura, aunque termine, deja un país profundamente contaminado de las toxinas inevitables que lega a su sucesor todo régimen autoritario. Una economía en ruinas, donde la inseguridad y los tráficos gubernamentales han ahuyentado las inversiones, y, al mismo tiempo que enriquecían ilegalmente a una minoría de empresarios cómplices, empobrecían hasta extremos inhumanos a la mayoría de la población. Unas Fuerzas Armadas divididas y manchadas, en sus altos mandos, por la corrupción, los crímenes contra los derechos humanos y la injerencia en la vida política. Unos medios de comunicación sobornados y domesticados, o robados a sus dueños, y una miríada de periodistas, publicistas y, sobre todo, políticos envilecidos y desprestigiados por el servilismo y las prebendas, que han restado a una institución capital de todo sistema democrático, el Congreso, todo asomo de respetabilidad. Un Poder Judicial destruido, con jueces y fiscales cuya función era proveer de cobertura legal a todos los atropellos y desafueros cometidos por el gobierno, y que recibían las instrucciones de sus acciones y fallos, directamente, de Vladimiro Montesinos.

Reconstruir una democracia, después de un cataclismo institucional y moral como el que ha padecido el Perú en estos últimos ocho años, es una gigantesca tarea. Para llevarla a cabo se requiere una gran lucidez, una convicción de hierro, y no permitir, una vez más en la historia peruana, que los grandes responsables de esta tragedia cívica, queden sin castigo, gozando, en el extranjero, del patrimonio que amasaron con sus fechorías. Para conseguir la fuerza necesaria que permita esta titánica limpieza es indispensable que la oposición, cuya energía y resolución desde el fraude electoral han precipitado la descomposición de la dictadura, se mantenga unida, y no se deje fragmentar y enemistar, como tratan desesperadamente de conseguir los esbirros del régimen. Veo, horrorizado, cómo, cuando todavía Fujimori hace de las suyas en Palacio de Gobierno y no hay la menor garantía de que las próximas elecciones sean genuinas, ya comienzan, en las filas de la oposición, a aflorar las rivalidades y los apetitos, las intrigas y las maniobras, para ganar espacios y puntos en la próxima carrera presidencial. Ese camino conduce al suicidio. Es decir, a que los próximos comicios sólo sirvan para entronizar en el poder a un nuevo Fujimori, a un futuro traidor, que, en aras -por supuesto- de la concordia y fraternidad de la familia peruana (son los términos que ahora utilizan los ministros, parlamentarios y pasquines del régimen, súbitamente convertidos a la tolerancia y convivencia), se apresurará, apenas se cruce sobre el pecho la banda presidencial, a hacer borrón y cuenta nueva, a echar en el olvido toda la sangre, la crueldad y los inmundos negociados de estos años, prolongando, bajo la coartada de la legalidad, esa tradición autoritaria que ha hecho del Perú de estos años algo así como el símbolo del atraso, la injusticia y el despotismo tercermundista.

©Mario Vargas Llosa, 2000. © Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Diario El País SL, 2000.