El dilema

Estoy impresionado por la airada reacción de transportistas, agricultores y pescadores de toda la UE al aumento de precios de los carburantes. La capacidad de movilización mostrada no utiliza sólo las formas tradicionales de protesta; sino que llega ahora, como si de un escenario bélico se tratase, al bloqueo de los centros de distribución de combustibles. Bien es cierto que se trata de sectores acostumbrados al enfrentamiento. Pero creo que hay algo nuevo. Estamos viendo, en este, como en el caso de las protestas de las ONG contra el Banco Mundial, que la globalización también modifica la capacidad de movilización social. Parece existir acuerdo en que algo hay que hacer para paliar los efectos a corto plazo sobre esos sectores. No conozco ningún gobierno que asista impávido a la caída repentina, imprevista y grave de las rentas de cualquier sector. Así ocurrió con la reconversión industrial de los ochenta. En este caso, se trata de sectores atomizados, en realidad autopatronos que consiguen salir adelante sólo por el elevado número de horas de trabajo, y a los que el aumento de los carburantes puede dejar al borde de la carretera.

¿Qué hacer? ¿Les bajamos el impuesto de los carburantes o les damos compensaciones fiscales? El Gobierno español parece seguir la recomendación de un economista ortodoxo: no intervenir en los precios del mercado y ayudar a esos sectores mediante compensaciones fiscales y financieras. La idea es que los precios son como señales de los mercados para que los consumidores ajusten su comportamiento a las situaciones de escasez. Si se interfiere en esas señales, podría ocurrir que gastásemos mucho en un bien escaso. Eso ocurrió en la crisis de 1973. Y el resultado fue catastrófico.

Pero cree alguien que los precios que pagamos por los carburantes son fijados por el mercado. No, son intervenidos. El precio final de los carburantes es la suma de tres componentes: el coste de crudo que hay que pagar a los países productores, el coste de refino y distribución y los impuestos que ponen los gobiernos de cada país. Otro día hablaremos de por qué los países productores están elevando los precios en origen y de por qué los precios de refino y distribución son más elevados en España que en otros países.

Lo que me interesa señalar es que los impuestos sobre los carburantes tienen muy poco que ver con el precio eficiente del mercado y mucho con decisiones tomadas en el pasado por los gobiernos para recaudar de forma fácil.Si es así, ¿qué es mejor? ¿una disminución transitoria de los impuestos de los combustibles a estos sectores o meterse en el camino proceloso de ayudas fiscales que contribuirán a generar agravios comparativos, opacidades y distorsiones en el sistema fiscal?

No me parece mal el camino seguido por Italia, Francia y Holanda de reducciones transitorias de los impuestos. Se puede temer, como hace el Gobierno, que esto aumentará el consumo de combustible. Pero eso depende de lo que los economistas llaman elasticidad del consumo ante una caída del precio. ¿Cree alguien que los transportistas o los pescadores consumirán más combustible por una caída en el precio? No lo creo, estamos ante un caso de elasticidad de consumo rígida al precio. Más allá de la solución que se adopte, ¿podemos extraer alguna lección de lo que está ocurriendo? Pienso que sí. Lo que nos están mostrando estas airadas protestas es el descontento con el actual sistema de impuestos. Se trata de una manifestación más de ese malestar profundo que existe en nuestras sociedades contra la estructura de fiscalidad, cada día más decantada a grabar los salarios y los consumos. La reforma de esa fiscalidad es uno de los grandes retos para las políticas económicas de los próximos años. Mientras tanto, a ver cómo logramos salir del paso en este atolladero.