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El Parlamento navarro incorpora el polígono de tiro de Bardenas en el área del parque natural

El Parlamento de Navarra está dispuesto a utilizar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para conseguir el cierre del polígono de tiro de Bardenas Reales, el único campo de entrenamiento en activo del Ejército del Aire y de la OTAN en territorio español. Con este fin, la Cámara navarra aprobó ayer con la única oposición del partido del Gobierno, UPN, incluir las 2.200 hectáreas que configuran el actual polígono de tiro dentro del parque natural que lo rodea por entero, al objeto de otorgar la cobertura jurídica propia de un espacio protegido al terreno de uso militar.

Otras iniciativas

La entrada en vigor de esta modificación de la ley foral de creación del parque natural de Bardenas Reales, que data de abril de 1999, será efectiva a partir del día siguiente a la expiración de la prórroga del vigente contrato de arrendamiento firmado hace 50 años entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa. Ese día es el 10 de junio de 2001. La inclusión del área del polígono de tiro en el ámbito de declaración del parque natural recuerda la fórmula adoptada a principios de los noventa por la comunidad de Castilla-La Mancha con el parque de Cabañeros para evitar la utilización militar de ese espacio de valor medioambiental. En aquel caso, sin embargo, el impulsor de la medida fue el Ejecutivo autonómico presidido por el socialista José Bono. En el de Bardenas, la resolución es del Parlamento navarro y se tomó sobre una iniciativa de la coalición EA-PNV que fue apoyada ayer por todos los grupos parlamentarios (PSN-PSOE, EH, IU-EB y CDN), salvo UPN, el partido del Gobierno.

Previsible recurso

La propuesta, avalada por un informe de los propios servicios jurídicos de la Cámara, no es la única que está en marcha en el Parlamento navarro para conseguir el cierre definitivo del polígono el próximo año.

Por un lado, sigue vigente el mandato parlamentario al Gobierno de UPN para que cree una comisión mixta encargada de negociar con el Estado el fin de los bombardeos, en la que estarían representados el Ejecutivo de UPN, el Parlamento y la Junta de Bardenas, la entidad formada por 22 municipios cercanos al polígono que gestiona los usos del mismo desde hace siglos. Asimismo, el PSN-PSOE mantiene en tramitación una iniciativa que pretende conseguir el derecho de veto parlamentario para cualquier actuación que al respecto puedan acordar de forma particular Defensa y la citada Junta de Bardenas, presidida por el diputado de UPN José Antonio Gayarre.José María Aierdi (EA-PNV) destacó en la defensa de su propuesta el absurdo de tener enclavado en el corazón de un parque natural un gran campo de tiro militar y alabó la "valentía" de Castilla-La Mancha al oponerse en su día a las intenciones de Defensa y el "éxito" que tuvo su apuesta medioambiental.

Socialistas, EH, IU-EB y CDN apoyaron la propuesta de extender al campo de tiro la protección legal del parque, si bien el presidente de los convergentes, Juan Cruz Alli, advirtió del riesgo de que la cuestión acabe convirtiéndose en un conflicto de competencias que deba dirimir el Tribunal Constitucional, obligado a sentenciar si prevalece el derecho exclusivo en materia medioambiental que tiene Navarra o los intereses de la defensa nacional que puede aducir el ministerio.

"Madrid recurrirá ante el Constitucional", advirtió el líder de UPN, un jurista de reconocido prestigio, quien opinó que el Gobierno central tiene muchas posibilidades de ganar el recurso. "La jurisprudencia última del Alto Tribunal está considerando accesorias las competencias autonómicas frente al carácter sustantivo que otorga a las competencias plenas del Estado". Juan Cruz Alli pidió por ello "realismo" en las previsibles negociaciones que se puedan mantener con Defensa antes de que expire el contrato, en junio de 2001, para evitar que una expropiación de terrenos por parte del Gobierno central "convierta a Bardenas en polígono [de tiro] permanente".Los temores de Alli fueron expresados también por el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, quien calificó de "pretensiones imposibles" las propuestas de la oposición. Sanz dijo que Navarra necesita "soluciones posibilistas que obliguen al Gobierno de España". El presidente del Ejecutivo y líder de UPN reconoció que la sociedad y las instituciones navarras no quieren el polígono y concluyó asegurando que él sigue dispuesto "a cumplir el objetivo de su desaparición". "Pero no encuentro otro camino para ello", remarcó Sanz, "que convencer al Estado".

Por su parte, Chunta Aragonesista ha exigido que no se renueve el contrato de arrendamiento, recordando que aunque está situado en Navarra afecta también a Aragón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de septiembre de 2000

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