Desmantelamiento inmediato o a medio plazo

El Parlamento navarro no se fía de las intenciones de la Junta de Bardenas, el organismo local que gestiona el aprovechamiento agrícola y ganadero de este espacio y que tradicionalmente ha permitido el uso de los terrenos con fines militares obteniendo a cambio una contraprestación económica. Este año el canon pagado por Defensa será de 64 millones de pesetas.El presidente de la Junta, José Antonio Gayarre, inició el pasado verano contactos secretos con representantes del Ministerio de Defensa con el objetivo compartido de firmar un nuevo convenio mediante la fórmula de un contrato de desmantelamiento, sistema que haría desaparecer el campo de tiro en un plazo máximo de seis años, dando tiempo entretanto al ministerio a buscar una instalación de entrenamiento alternativa.

Posteriormente, el secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, se ha reunido con el vicepresidente navarro Rafael Gurrea y con los portavoces parlamentarios del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, y de UPN, Alberto Catalán. Díez Moreno trasladó a ambos el deseo de Defensa de seguir usando los terrenos y de situar el debate en una sustancial elevación de las contraprestaciones económicas que ha recibido hasta ahora a la Junta de Bardenas, así como en proyectos de mejora medioambiental.

Los socialistas expusieron al portavoz ministerial su rechazo a cualquier fórmula que signifique el mantenimiento del polígono un día más del previsto en el vigente contrato. Sobre la falta de alternativas para el entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea, el Grupo Socialista en el Parlamento foral ya recordó que es un argumento falaz, puesto que los aviones españoles podría usar campos de tiro ubicados en otros países, aunque debería afrontar el coste económico derivado de ello.

El último revés al deseo de UPN de aceptar la firma de un nuevo convenio ha venido de la mano del Consejo Navarro de Medio Ambiente, el principal organismo asesor del Ejecutivo en materia ecológica. A propuesta del grupo Ecologistas en Acción, el consejo, por diez votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones, ha recomendado a las administraciones competentes no renovar el contrato, dado que no es "conveniente ni adecuado mantener una instalación tan impactante en el interior de un espacio protegido".