El PP usa la ley de Acompañamiento para traspasar RTVE a la SEPI
El Gobierno ha decidido aprovechar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001 para llevar a cabo el traspaso de RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de Hacienda. Ese traspaso es "absolutamente respetuoso" con el estatuto del ente y persigue aplicar "criterios de gestión empresarial". A mediados del año próximo se presentará un plan estratégico para sanear la deuda de RTVE, que roza ya los 800.000 millones de pesetas. El Gobierno ha decidido, por otra parte, no actualizar el IRPF con la inflación.
El traspaso de RTVE a la SEPI mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos se produce tras haber descartado llevarlo a cabo a través de un real decreto. El pasado mes de julio, el Consejo de Estado tiró abajo el proyecto de real decreto que con ese fin le envió el Gobierno, por considerar que la operación exigía una norma con rango de ley.El Ministerio de Hacienda, en una nota oficial, explica que la decisión se adopta ante el desequilibrio entre ingresos y gastos del ente y un endeudamiento acumulado "que requiere la adopción de medidas de reordenación y mejora de la gestión empresarial de RTVE". Ese proceso será "absolutamente respetuoso con los principios básicos del Estatuto de RTVE", explica la nota.
Añade que la adscripción a la SEPI persigue aplicar "criterios de gestión empresarial" que permitan "compaginar" el saneamiento financiero con "la prestación del servicio público". El compromiso es presentar ese plan de saneamiento a mediados del año próximo.
La intención del Gobierno trascendió hace unos días y provocó por parte de los sindicatos de RTVE una reacción contraria, al entender que el traspaso a la SEPI supone un paso previo a su privatización. La nota de Hacienda no aclara, por otra parte, si "la dependencia funcional" se mantiene o no en Presidencia.
La decisión sobre RTVE ha sido incluida en un añadido al anteproyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos que será remitido mañana al Consejo Económico y Social. Esta norma será aprobada por el Gobierno el próximo 6 de octubre, tras lo cual iniciará su tramitación parlamentaria junto con la Ley de Presupuestos aprobada el pasado viernes.
Una de las principales novedades de esta última ley -que hoy será entregada por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro al Congreso- es que, en contra de lo que hasta ahora ha sido la pauta general, Hacienda ha decidido no compensar el efecto de la inflación en el IRPF.
Salvo que se decidan modificaciones durante el trámite parlamentario hasta final de año, de momento la intención de Hacienda es que tanto la tarifa como los llamados mínimos familiares (la parte de la renta que no tributa y que varía según la situación familiar), se mantengan en las mismas cuantías vigentes en el año 2000.
En cuanto a la tarifa, esto significa que la subida de sueldo que se produce normalmente cada año para compensar la inflación pagará el impuesto. Si la tarifa se acomodase a esa subida (en principio, el 2%, que es la inflación prevista), esa parte quedaría fuera y es como si no se hubiera ganado a efectos fiscales.
En los mínimos familiares, la decisión implica que la cantidad se mantiene igual a la de este año, pese a que el coste de la vida ha aumentado. En concreto, un 3,6% hasta el pasado mes de agosto. La no actualización -por tercer año consecutivo- supone tanto como decir que las pesetas necesarias para vivir en 1999 son las mismas que para 2001. Según fuentes de Hacienda, esa no rebaja del IRPF se justifica en que, por ejemplo, los impuestos especiales se congelan; es decir, no suben la inflación prevista (2%), lo mismo que ocurre con la mayoría de las tasas.
Además del traspaso de RTVE a la SEPI, el anteproyecto de ley de Acompañamiento contempla las siguientes medidas:
- Tasa por uso del espacio radioeléctrico. El Gobierno modificará mediante orden ministerial la Ley General de Telecomunicaciones para elevar hasta 160.000 millones de pesetas anuales la tasa por reserva del espacio radioeléctrico que pagan las operadoras de telefonía móvil, las cadenas de radio y televisión y otros usuarios del espacio. Esa tasa se ingresará en las arcas de Hacienda en lugar de destinarse al fomento de la innovación tecnológica como hasta ahora. La decisión sobre si las televisiones y radios públicas deberán o no pagar la tasa se deja a criterio del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Fusiones de empresas. Las operaciones de canje de acciones no podrán aplicar la exención de las plusvalías prevista para las fusiones cuando uno de sus fines sea la elusión fiscal. Se establece la posibilidad de realizar consultas vinculantes al respecto. La inspección de Hacienda podrá solicitar a las matrices información contable sobre sus filiales en el exterior, con el fin de controlar el uso de paraísos fiscales. El fondo de comercio resultado de una fusión es fiscalmente deducible, excluidas las operaciones a través de paraísos fiscales.
- Impuesto sobre la renta. La no obligación de declarar el IRPF se amplía a aquellos que perciban rentas de más de un pagador, siempre que la segunda y restantes no superen las 100.000 pesetas, con un límite total de 3,5 millones de pesetas. La exención de las indemnizaciones por daños físicos y psíquicos se aplicará también en el caso de que la póliza esté a nombre del interesesado. Para no residentes, se establece que las plusvalías que obtengan en España tributarán al 18%.
- Impuesto sobre el valor añadido. La modificación consiste en la adaptación de la normativa comunitaria, de forma que aquellos que inicien una actividad podrán deducirse los IVA que les apliquen en sus compras antes de que el negocio esté en funcionamiento.
- Hipotecas. No se pagará el impuesto de trasmisiones y actos jurídicos documentados tanto por cancelación de una hipoteca como por su renovación, siempre que ésta tenga como fin la modificación del tipo de interés.
- Otras tasas. En general, las tasas quedan congeladas, con la excepción de las postales que suben un 4,7%. En cuanto a la tasa de aterrizaje, se produce una aproximación entre las intracomunitarias, que bajan, y las nacionales, que suben. No pagará tasa la petición de certificados al catastro cuando el resultado sea nulo. Las notificaciones individuales de los valores catastrales deberán estar motivadas.
- Funcionarios. Se establece, por primera vez, la movilidad dentro de la provincia de los funcionarios públicos, hasta ahora sólo prevista a nivel del municipio.
- Mercado de valores. Las bolsas de valores estarán regidas por una sociedad anónima que será responsable de su organización y funcionamiento internos.
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