No todo es posible

Con las imágenes en la retina de los últimos crímenes de ETA (el atentado contra José Ramón Recalde, consejero socialista de Educación y de Justicia del Gobierno vasco de 1986 a 1994, y el asesinato de José Luis Ruiz Casado, concejal del PP en Sant Adrià de Besòs), decenas de miles de donostiarras, con el apoyo simbólico de algunos centenares de escritores, artistas, profesionales, profesores, trabajadores y estudiantes procedentes del resto de España, respondieron el pasado sábado masivamente a la convocatoria en defensa del derecho a la vida y la libertad lanzada semanas antes por la plataforma ciudadana ¡Basta Ya! La discreta presencia en la manifestación de algunos ministros del Gobierno y de los dirigentes del PSOE probó la decisión de los políticos de no robar a la sociedad civil el protagonismo escénico. Pero la mala fe y la estupidez parecen enfermedades incurables: los portavoces oficiales del nacionalismo moderado y algunos publicistas tan audaces como ignorantes afirmaron contra toda evidencia que populares y socialistas -convertidos falsamente en promotores de la convocatoria- se habían negado provocadoramente a consensuar con PNV y EA una consigna unitaria para así marginar al Gobierno de Vitoria.Pero el lema de la manifestación -"Defendamos lo que nos une: Estatuto y Constitución"- no era un trágala sino el mínimo común múltiplo que ha permitido desde hace veinte años a los demócratas vascos -nacionalistas o constitucionalistas- convivir, entenderse y formar gobiernos de coalición en las instituciones autonómicas, forales y municipales. El propio lehendakari Ibarretxe revindicó, en el debate celebrado la semana pasada en el parlamento de Vitoria, la vigencia y la legitimidad del Estatuto de Gernika, aprobado por referéndum popular en 1979, y cuya validez normativa pende de la Constitución de 1978. Como Poncio Pilatos, la dirección del PNV lavó sus problemas de conciencia respecto a la Constitución mediante una hipócrita fórmula orientada a nadar y guardar la ropa: ordenó a sus diputados que no se pronunciasen ni a favor ni en contra del texto y recomendó a sus votantes la abstención en el referéndum. Esa ventajista triquiñuela le permite al PNV beneficiarse de lo mejor de los dos mundos posibles: si la Constitución le beneficia, permite que otros recuerden cómo fue aprobada en el País Vasco por el 68,8% de los votos; en caso contrario, aduce que esa holgada mayoría sobre el sufragio emitido quedó rebajada por la abstención hasta el 31,3% sobre el censo. Ahora bien, la utilización de ese criterio maximalista para determinar las mayorías electorales no sólo invalidaría la reciente reforma constitucional francesa, aprobada con una abstención del 70%: además, situaría en apuros la legitimidad como partido gobernante del PNV, votado en las últimas elecciones autonómicas por menos del 20% del censo.

El Estatuto y la Constitución -incluidas sus cláusulas de reforma-son actualmente la única defensa para todos los demócratas vascos, nacionalistas o no, frente al mundo de ETA, un amplio conglomerado donde se dan cita los comandos terroristas, la mafia extorsionadora, el fascismo callejero de las bandas juveniles y la trama política, civil y asociativa que aprovecha los intersticios de la ley en su provecho. ¿Qué justificación tiene, entonces, el viraje estratégico impulsado por la dirección del PNV durante el verano de 1998 mediante el acuerdo secreto con ETA y el Pacto de Estella para enterrar el Estatuto de Gernika y las instituciones autonómicas y emprender un nuevo camino -de la mano del nacionalismo radical- hacia la construcción nacional de Euskal Herria, un Estado independiente de nueva planta formado por el País Vasco, Navarra y los territorios vasco-franceses? Kepa Aulestia resume la enloquecida lógica que predica el inmediato cumplimiento, aquí y ahora, del programa máximo sabiniano: "Mientras todo sea posible, nada de lo posible será suficiente". Sin embargo, hay objetivos imposibles en un sistema democrático; entre otros, que un sector de la sociedad pueda imponer a los demás sus pretensiones por la fuerza. Mientras la mitad -al menos- de los guipuzcoanos y vizcaínos, la mayoría de los alaveses y las cuatro quintas partes de los navarros se sigan pronunciando, con sus votos a los partidos constitucionalistas, contra el proyecto soberanista e irredentista de Euskal Herria, las instituciones autonómicas continuarán siendo el único espacio posible capaz de garantizar las libertades y los derechos a todos los demócratas vascos.