El asesor municipal acusado de blanquear fondos deja su cargo privado en el consejo de la funeraria

José Ignacio Rodrigo, que fue contratado a dedo por el PP para asesorar en la privatización de la funeraria municipal de Madrid y participó en la compra del 49% de esa sociedad mediante una supuesta operación de blanqueo de fondos, ha dejado su puesto en el Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Su dimisión se ha debido, según una nota de la empresa que preside, a una reestructuración dentro del grupo. El Tribunal Superior de Justicia investiga desde hace meses la privatización de la funeraria a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra concejales del PP y el propio Rodrigo.

Rodrigo conoció al concejal de Sanidad, Simón Viñals (PP), en la primavera de 1992. Les presentó en una cena un amigo común, vinculado al PP, y hablaron aquella noche de monopolios municipales. Y de allí Rodrigo sacó la influencia necesaria para conseguir un trabajo bien remunerado como abogado privado en el Ayuntamiento de Madrid.Viñals era entonces presidente de la funeraria municipal. Durante su mandato la empresa entró en números rojos (687 millones de pesetas de pérdidas en 1991 y 371 millones en 1992). Los colaboradores de Viñals se encargaron de contratar a dedo y sin concurso a José Ignacio Rodrigo para distintos trabajos. El concejal de Sanidad ha explicado ahora que en la funeraria no hacían falta concursos para contratar a asesores.

Rodrigo consiguió tres trabajos distintos: elaborar un informe sobre el régimen jurídico de los monopolios municipales (12 millones), defender a la funeraria municipal en conflictos con el Tribunal de Defensa de la Competencia (800.000 pesetas al mes durante dos años) y un tercero (17 millones) para asesorar al Ayuntamiento de Madrid en los contenciosos que pudieran surgir por culpa de la privatización.

Durante su trabajo para la funeraria, Rodrigo intervino en reuniones con las firmas interesadas en adquirir el 49% de la sociedad municipal, y conoció los estudios hechos por una auditora externa sobre la situación patrimonial de la empresa, más los datos internos de facturación.

El Ayuntamiento de Madrid, con los únicos votos del PP, aprobó la privatización del 49% de la funeraria en diciembre de 1992. La empresa que ganó el concurso, Funespaña, tuvo que pagar 100 pesetas y poner 200 millones para acudir a una ampliación de capital de la sociedad, que pasó a denominarse Empresa Mixta de Servicios Funerarios.

Parte de esos 200 millones de pesetas (hasta 140 millones) los consiguió Funespaña de José Ignacio Rodrigo, el asesor municipal, que había solicitado un crédito en un banco de Biarritz por esos 140 millones para enviárselo a la empresa que había ganado el concurso de privatización de la funeraria.

Rodrigo tenía otros 200 millones de pesetas en el banco de Biarritz, y si no los utilizó para trasladar 140 millones a Madrid fue porque se trataba de una supuesta "operación de blanqueo de fondos", según un informe de la policía francesa.

Rodrigo explica que esos 200 millones los tenía "a plazo fijo" y no los podía tocar. El caso es que Rodrigo, en febrero de 1993, sólo dos meses después de adjudicado el 49% de la funeraria, se había convertido en uno de los principales accionistas de Funespaña, la empresa privada que había ganado el concurso de privatización. Dos años después de aquella primera inversión, Rodrigo se convirtió en presidente de Funespaña. Ahora acumula más de un tercio de las acciones de la sociedad.

El monopolio municipal de los servicios funerarios pasó de pérdidas a beneficios en sólo 12 meses. La sociedad, que estaba en quiebra en diciembre de 1992 según defendieron los concejales del PP en contra del criterio del interventor municipal, pasó a dar 800 millones de pesetas de beneficios en 1993. Y, de esos beneficios, el 20% se iba directamente a pagar a los gestores privados de la funeraria, también relacionados con Funespaña.

Durante todos estos años -sólo en los dos últimos ejercicios los servicios funerarios se han liberalizado y existe una pequeña competencia en la capital- la funeraria ha conseguido miles de millones de beneficios (más de 7.000 desde que la sociedad es mixta), de los que el 65% han ido a manos privadas.

La Fiscalía Anticorrupción, la Intervención del Estado y el Tribunal de Cuentas han coincidido en que el Ayuntamiento de Madrid valoró por debajo de su precio real a la funeraria municipal. El gobierno municipal evitó un duro varapalo del Tribunal de Cuentas reclamando a la funeraria el pago de una deuda histórica de más de 2.000 millones que supuestamente había sido condonada para la privatización.

Ahora Rodrigo ha dimitido como consejero en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, pero mantiene la presidencia de Funespaña y su más del 30% de acciones en la sociedad. Seguirá recaudando una parte de los beneficios de la funeraria municipal cuyo consejo de administración abandona.