Doctorados políticos

Hace ya setenta años que Ortega y Gasset argumentó de forma irrebatible en su "Misión de la Universidad" que las dos únicas funciones de la Universidad deben ser -por este orden- enseñar e investigar, idea que recoge el preámbulo de la actual LRU. Si aplicamos este criterio a los doctorados "honoris causa", parece claro que sólo deberían recibirlos o ilustres profesores o ilustres pensadores e investigadores, incluyendo en esta categoría a todas las personas que hayan contribuido a transformar nuestra percepción del mundo, como son los escritores y los artistas. Pero no se podría incluir en ella a los "hombres de acción", como son los políticos y los empresarios.Sin embargo, en todos los países hay una fuerte tradición de otorgar estos doctorados tanto a unos como a otros. En su favor se alega un buen ramillete de razones, que en un Estado democrático se reconducen indefectiblemente a una: que el elegido haya contribuido a lograr una sociedad más libre porque eso supone una aportación indirecta a los fines de la Universidad. No en vano la Historia ha demostrado que la ciencia progresa mucho mejor en un clima de libertad. O por decirlo con palabras de Kelsen: sólo la democracia garantiza que la ciencia pueda cumplir con su objetivo de buscar la verdad gracias al libre juego de argumentos y contraargumentos. Por eso, personalidades que han contribuido al avance de la democracia en el mundo, como Vaclav Havel, Desmont Tutu y el Rey Juan Carlos (con 31 doctorados, incluyendo a Harvard, Oxford y otras Universidades destacadas) son doctor honoris causa por un buen número de Universidades.

Así las cosas, no creo que haya que considerar un despropósito que la Universidad de Granada atribuya a una persona el grado de doctor por su actividad política y no por sus méritos científicos. La cuestión será debatir si esa actividad ha sido lo suficientemente relevante a favor de la democracia como para merecer tal honor. Por eso, me parece fuera de lugar las descalificaciones generales contra la decisión del Claustro de la Universidad de Granada de otorgar esta distinción a Mohamed VI.

Evidentemente, el Rey de Marruecos no tiene méritos académicos para ello y quien se empeñe en lo contrario -por mucho que sea doctor por la Sorbona- corre el riesgo de hacer el ridículo, como se demuestra con la simple comparación de su currículum con el del Profesor Häberle, también nombrado doctor honoris causa en la misma sesión del Claustro.

Centrémonos, pues, en los méritos auténticos de Mohamed VI. ¿Su actividad en favor de la democracia y la libertad es suficiente o no para otorgarle el doctorado? No se puede negar que en su primer año de reinado ha dado pasos muy importantes en esa dirección, como la destitución de Driss Basri, el sempiterno Ministro de Interior de su padre, y la autorización para el retorno de exiliados como Abraham Serfaty. Estas decisiones en favor de la democracia han sido consideradas suficientes para merecer el doctorado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada (por unanimidad) y por el Claustro (98 contra 34 y 29 abstenciones). Sin embargo, sus críticos señalan que no ha hecho nada todavía en importantes áreas en las que Marruecos incumple los derechos humanos, como en el asunto de Sahara y en el tráfico de pateras.

No es fácil saber quien lleva razón porque, por paradójico que parezca, el acierto del nombramiento sólo se verá dentro de algunos años: si el Rey de Marruecos sigue la senda de avance democrático que ha iniciado tendrá más que merecido el doctorado, mientras que será un fiasco si rectifica esta conducta, como hizo otro político hoy en el candelero: el Papa Pio IX que, tras sus dos primeros años de gobierno liberal, tuvo treinta de autoritarismo. Personalmente, me inclino a favor del riesgo que ha tomado la Universidad de Granada porque me parece que es una forma -por mínima que sea- de apoyar la democratización de nuestro vecino del Sur, tal y como hizo la Universidad de Estrasburgo cuando en 1979 se convirtió en la primera Universidad democrática que nombró doctor honoris causa a Juan Carlos I.

Puede que en el futuro el Rey de Marruecos demuestre (como hizo el nuestro en el 23-F) que sí se merece ese doctorado, o tal vez defraude la esperanza depositada en él. Aún en ese caso, y en contra de los que se ha dicho, no creo que la posición de la Universidad de Granada fuera tan desairada como el de la Complutense en relación con el doctorado honoris causa de Mario Conde porque éste no recibió esa distinción por su contribución a la democracia, sino -por decirlo de forma suave- como contraprestación al apoyo crematístico que el Banesto estaba prestando a dicha Universidad. Si acaso, la situación de la Universidad de Granada sería similar a la de algunas Universidades occidentales que nombraron doctores honoris causa a ciertos líderes de Europa oriental que no persistieron en la línea democrática que habían iniciado. Por dar un ejemplo, en el exclusivo club de doctores honoris causa por la Universidad de Harvard (73 personas en 250 años) aparece en 1991 Eduard Shevardnadze. Sin duda, esa distinción -que en su momento fue un reconocimiento y un apoyo a uno de los artífices de la perestroika- no se le otorgaría hoy, cuando conocemos su más que discutible actuación en Georgia. Sin embargo, no por eso se ha hundido la que posiblemente sea la mejor Universidad del Mundo.

Agustín Ruiz Robledo es profesor de Derecho Constitucional.