Argumentos de la querella de la Fiscalía Anticorrupción

El texto de la querella de la Fiscalía Anticorrupción detalla, a lo largo de sus 106 folios, los "numerosos y vehementes indicios racionales" por los que la Fiscalía, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, entendió que la privatización de la funeraria constituyó "una vasta operación de enriquecimiento" en perjuicio del erario público. Los argumentos de la querella se desarrollan como sigue:Privatización imprevista. La querella señala que el pleno municipal del 28 de julio de 1992 no especificó que la entrada de capital privado "fuera a suponer la cesión a una empresa privada del servicio público funerario". "El acta del pleno da a entender que la voluntad del Ayuntamiento en ese momento era tan sólo de obtener la entrada de capital privado, manteniendo el control municipal".

Información privilegiada. La querella recuerda que el 22 de febrero de 1991, el gerente de la funeraria (aún municipal), Ángel Valdivia, firmó un contrato con Funespaña, empresa privada que, a cambio de unos servicios, recibiría "una información fundamental sobre la composición, funcionamiento y actividad" de la funeraria de la que luego iba a comprar el 49%. En el capítulo de información privilegiada, la querella incluye el contrato de la asesora Invafi, una empresa de José Ignacio Rodrigo, con la funeraria municipal desde julio de 1992.

Pliego irregular. La Fiscalía descalifica el pliego de condiciones del concurso de privatización de la funeraria elaborado por la Concejalía de Régimen Interior, cuyo titular era y es Antonio Moreno Bravo. "Su contenido presentaba gravísimas irregularidades".

Urgencia injustificada. El fiscal considera que la tramitación por urgencia de este asunto no sólo "carecía por completo de justificación" sino que esa "súbita aceleración tan sólo favorecía a Funespaña y a Rodrigo, que conocían perfectamente desde hacía dos meses todo lo concerniente a la empresa".

Valoración engañosa. Según la Fiscalía, Funespaña presentó dos documentos. Uno, dice el escrito, estaba "destinado a ser leído en el acto público de la mesa de contratación", y presentaba un precio de 4.058 millones, "oferta que de modo inveraz está muy por encima de las de otros licitadores". "La razón que explica que Funespaña pudiera realizar esta propuesta desproporcionada es que, en realidad, del otro documento se desprendía que sólo estaba ofreciendo 100 pesetas por el 49% del capital de la empresa mixta", añade el texto.

Compensación de la deuda. "El hecho de compensar la deuda (2.275 millones) después de la adjudicación, en lugar de capitalizarla o compensarla antes, suponía que se minoraba el valor de la empresa, y sobre esa base Funespaña calculaba el precio.