La policía destapa que el asesor en la venta de la funeraria "blanqueó fondos" para comprarla

José Ignacio Rodrigo Fernández, presidente de Funespaña, empresa privada a la que el Ayuntamiento de Madrid vendió el 49% de las acciones de la funeraria en 1992 por 200 millones de pesetas, realizó "una verdadera operación de blanqueo de fondos" para invertir 140 millones en dicha sociedad en febrero de 1993. Así consta en un informe de la Policía Judicial francesa que obra en poder del juez que investiga el caso de la funeraria. El informe confirma las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción en la querella presentada contra 12 personas, entre ellas seis cargos del PP y Rodrigo, por la privatización de la funeraria.

El juez José Luis Quesada Varea, que investiga la privatización de la funeraria tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, tiene en su poder un informe policial francés, fruto de una comisión rogatoria, que da luz a varios de los principales interrogantes de este caso. La Fiscalía Anticorrupción sostenía que existían "numerosos indicios de que en el momento de la adjudicación , y mucho tiempo después, el capital social de Funespaña [la empresa adjudicataria del 49% de la funeraria] fue, en buena medida, ficticio y además ocultaba bajo titularidades interpuestas una participación importantísima, presuntamente mayoritaria, de José Ignacio Rodrigo Fernández". El escrito recordaba que este empresario fue nombrado presidente de Funespaña en 1995, "pese a no tener a su nombre una sola acción". La querella destacaba que Rodrigo "había sido asesor de la funeraria municipal a través de la empresa Invafi, obteniendo por este cauce abundante información acerca de su estructura y actividad y participando en tareas trascendentales en el proceso de valoración previo a la privatización".

El fiscal aportaba "indicios de que una importante porción, presumiblemente en torno al 70% de esos 200 millones con los que se hizo el pago, que la sociedad adjudicataria no tenía en modo alguno capacidad económica para asumir, eran en realidad fondos aportados por Rodrigo, quien en contraprestación de tal aportación obtuvo una participación en Funespaña, en aquel momento enmascarada tras negocios jurídicos ficticios y titularidades interpuestas". El rastreo de la policía francesa sobre las cuentas de Rodrigo y sus empresas confirma las sospechas del fiscal anticorrupción.

En agosto de 1992, Inver Services International, empresa domiciliada en las Antillas holandesas y cuyo representante es José Ignacio Rodrigo, recibe una transferencia bancaria a su favor, de 200 millones de pesetas, del Banco Árabe Español de Madrid. Faltaban aún cuatro meses para adjudicar en concurso el 49% de la funeraria municipal.

El 5 de febrero de 1993 (la privatización de la funeraria fue el 22 de diciembre de 1992), la sucursal del Barclays Bank de Biarritz concedió un préstamo de 140 millones de pesetas a favor de la sociedad de Rodrigo, pese a que ésta tenía en el mismo banco una cuenta con 200 millones de pesetas, que sirvió de aval para solicitar el crédito. Rodrigo, finalmente, transfirió esos 140 millones a Madrid, a nombre de Funespaña.

¿Por qué no cogió 140 de los 200 millones que ya tenía en una cuenta para transferirlos a Madrid en lugar de pedir un crédito?

Los investigadores franceses entienden que Rodrigo utilizó la vía del préstamo bancario "cuando en realidad se trataba de sus propias disponibilidades, constituidas anteriormente, por lo que era evidente que éstas no podían repatriarse oficialmente a España ".

El 5 de febrero de 1994, el Barclays Bank de Biarritz dio por reembolsado el crédito solicitado por la firma de Rodrigo (Inver Services) para invertir por esta vía en Funespaña.

Invafi, sociedad con la que Rodrigo asesoró al Ayuntamiento de Madrid para privatizar la funeraria, posee desde 1990 una casa en Biarritz, en el número 27 de la avenida de Victor Hugo, cuyos gastos asume el propio empresario. Rodrigo posee hoy, según datos registrales, directamente el 10,2% de Funespaña, y, a través de Astaldo (de la que posee el 80%), copa otro 12,2%; controla otro 14,2% a través de IAF (la mitad de cuyo capital es de Astaldo), más un 2,8% de su empresa Invafi. En total, casi un 30%.

El asesor jurídico contratado por el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar el proceso de privatización de la funeraria es hoy el presidente y el mayor accionista de la empresa privada que se ha quedado con el 49% de la sociedad municipal.

Desde la privatización de la funeraria, esta sociedad mixta ha conseguido unos beneficios superiores a los 6.000 millones de pesetas.

La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por dicha privatización finaliza la batalla que inició en 1993 el grupo municipal de IU, a la que se unió después el PSOE, contra la venta de una sociedad pública que operaba en régimen de monopolio y que sólo tuvo dificultades financieras un año antes de su privatización, con la gestión del Partido Popular.