La Generalitat admite un control insuficiente de los cursos a los parados

Las presuntas irregularidades en el reparto de dinero público a los centros de formación de parados en Cataluña enfrentó ayer al Gobierno catalán y a la oposición. El Gobierno catalán rechazó haber actuado con favoritismo en el reparto de 16.000 millones de pesetas hecho en 1999, pero reconoció que hasta el año pasado se valoró "la realización de los cursos por encima de un control detallado" de los mismos. La oposición, salvo el PP, reclamó que el Parlamento investigue las ayudas.

El consejero de Trabajo, Lluis Franco, presentó en el Parlamento catalán los resultados de una investigación hecha por su departamento de la que se desprende que "no hubo trato de favor" en el reparto del dinero a los centros. Su departamento ha revisado los expedientes de 40 centros sobre los que había sospechas de favoritismo, sin encontrar rastro de "trato de favor o discriminación", afirmó Franco. El consejero dijo que los centros que recibieron ayudas lograban recolocar a 65 de cada 100 parados que pasaron por sus aulas y tenían puntos a favor como la calidad de sus instalaciones o los informes de los técnicos del departamento.

Devolución de ayudas

Aunque sin entonar un mea culpa, el consejero dijo que los sistemas de control de estos fondos "son mejorables". Franco afirmó que desde este año se han intensificado los controles sobre el reparto de las subvenciones.Pese a no admitir irregularidades, el nuevo consejero de Trabajo cambió hace unos meses al anterior equipo encargado del reparto de estos fondos. En pocos meses han dejado sus cargos el director general de Ocupación, Lluis Gavaldà, y el jefe del servicio del departamento, Joan Martín Toribio, ambos miembros de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). A ambos se les descubrieron vinculaciones con el empresario Fidel Pallerols, dueño de algunos centros de formación investigados por una presunta financiación irregular de UDC.

La oposición afirma que tres fundaciones vinculadas a este partido y algunas empresas propiedad de militantes de esta formacion política han podido tener trato de favor en el reparto de ayudas.

Otro alto cargo que se vio salpicado por las ayudas fue el anterior director general de Cooperativas de la Generalitat, Bernat López Pinto, al saberse que el centro de formación Keller, controlado por su esposa, también recibió ayudas de la Generalitat. Esta empresa deberá devolver algunas ayudas recibidas, dijo ayer el consejero de Trabajo a preguntas de la oposición, aunque sin concretar el importe a devolver. Fuentes de Trabajo descartaron iregularidades de Keller y dijeron que la devolución de ayudas ocurre con frecuencia cuando algún centro justifica mal algunos gastos ligados a las subvenciones recibidas.

Las explicaciones del consejero no convencieron a la oposición, que acusó al Gobierno catalán de haber favorecido a varias fundaciones ligadas a UDC. Tanto los socialistas del PSC como ERC e IC-V volvieron a reclamar una comisión de investigación parlamentaria. El PP no pidió esta comisión, pero instó a reforzar el control del dinero destinado a formar parados.