Empleo aceptó despidos en el casino de La Vila en contra del ministerio

La Inspección de Trabajo informó, en su día, en contra del expediente de regulación de empleo del casino de La Vila Joiosa, que autorizó la Consejería de Empleo y que afectó a 32 trabajadores. En su informe, no vinculante para la consejería, el inspector señala que no había un exceso de personal en la empresa, "sino más bien lo que se ha hecho es contratar a nuevos trabajadores más baratos y posiblemente más sumisos a la dinámica de la empresa", según se desveló ayer en un juicio en Alicante.

Este informe de la Inspección de Trabajo fue aportado como prueba en la demanda laboral por despido improcedente presentada por los ex trabajadores contra la empresa. La vista oral de este caso se celebró ayer en el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.El abogado de los empleados insistió en la "ilegalidad" del expediente "porque lo que se produjo finalmente fue la sustitución de unos trabajadores por otros", afirmó. "Además, tras el expediente la plantilla del casino aumentó en 30 empleados", añadió. Mientras, el letrado de la empresa defendió la necesidad del expediente de regulación de empleo porque se efectuó una reorganización de la plantilla, y descartó que se hubiese producido un incremento de trabajadores en el casino. "Los nuevos empleados han sido para los servicios de hostelería", dijo.

El expediente de regulación de empleo lo presentó la nueva dirección del casino, la mercantil Casinos del Mediterráneo, alegando duplicidades y solapamiento de funciones, lo que conllevaba un exceso de personal. No obstante, el informe del inspector de trabajo precisa que desde el inicio de las actividades de la empresa, en mayo de 1999, hasta la presentación de la solicitud del expendiente, en octubre de de 1999, la plantilla pasó de 136 a 194 trabajadores. "De lo cual se desprende que más que exceso de personal lo que se busca es un abaratamiento de los costes del mismo", recoge el informe. "En equivalente sentido se mueve la modificación de funciones a categoría inferior con reducción importante del sueldo, lo que afecta a diez trabajadores, que han sido aceptadas por ellos, en una conducta que inspira dudas sobre su voluntariedad, dada la importancia del menoscabo económico", añade.

El inspector de trabajo también expresa su sorpresa ante la actitud del comité de empresa, que se mostró de acuerdo con el expediente, "que se agrava, además, por la poca participación que se dio a los afectados en la discusión del tema, dificultando su acceso a los documentos del expediente".

El inspector concluye que en la tramitación del expediente aprecia "la posibilidad de que haya existido fraude, dolo, coacción o abuso de derecho". El funcionario alerta a Trabajo de la trascendencia que tiene para los trabajadores, "ya que no se trata de una mera suspensión de empleo, sino de una extinción de sus relaciones laborales, la mayor parte con una antigüedad próxima a los 20 años y en una actividad en la que no es fácil encontrar otras empresas cercanas".