La arquitecta de Elche apoyó un proyecto urbano que afecta a su familia
La arquitecta jefe del Ayuntamiento de Elche, Pilar Amorós, informó de manera favorable en un documento técnico sobre el desarrollo de un plan urbanístico situado junto al parque natural de las Salinas de Santa Pola, pese a que sus dos hermanas, Celia y Alicia, y su primo Arsenio Gallego, figuran como propietarios de terrenos en el sector, y por tanto serían beneficiarios del proyecto. En lugar de inhibirse en la tramitación del expediente dada las vinculaciones familiares, la funcionaria participó en varias comisiones informativas en las que se trató la construcción de 1.200 viviendas en el perímetro de protección del humedal. Amorós informó, el 18 de febrero, sobre la proposición jurídico económica (cargas y costes de la urbanización) que realizó la mercantil Sierra del Molar, principal propietaria de los terrenos.
Los socialistas de Elche consideran "normal" que una funcionaria tramite expedientes vinculados a familiares
La construcción de una urbanización en el perímetro de protección del parque natural de las Salinas de Santa Pola continúa generando polémica. La arquitecta municipal de Elche, Pilar Amorós, participó en la instrucción del expediente urbanístico que regula la construcción de 1.200 viviendas en el límite con el importante humedal, pese a que varios de los propietarios que se beneficiarán de la edificación son familiares suyos. Dos hermanas y un primo de la funcionaria son propietarios de terrenos dentro del área urbanística, lo que obliga a la arquitecta a inhibirse de la tramitación del expediente. El equipo de gobierno municipal, del PSPV, declinó ayer valorar el caso, aunque fuentes cercanas al grupo consideraron "normal" la participación de la funcionaria en la instrucción del expediente, y aseguraron que no existía "razón" para que la arquitecta jefe se inhibiera o ausentara de las comisiones informativas mientras se debatía el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decretó el 27 de junio la suspensión cautelar del acuerdo plenario del Consistorio en el que se autorizaba la construcción de las viviendas. El tribunal admitió las alegaciones presentadas por Ángeles Candela, concejal de EU, que denunció un defecto de forma en la aprobación del plan urbanístico y la repercusión que sobre el desarrollo del territorio podría tener la orden de la Consejería de Medio Ambiente sobre la paralización de proyectos urbanísticos junto a los parajes naturales. Tras la aprobación de la urbanización, el 27 de marzo, diversos colectivos ecologistas, agrupados bajo la plataforma Salvem El Pinet, han celebrado varios actos de protesta ante lo que consideran una "agresión irreversible" al paraje y a las aves que nidifican en el humedal. Tras las protestas de la plataforma, que incluyeron un encadenamiento en el salón de plenos del Ayuntamiento en señal de repulsa, los socialistas en el poder han modificado viales, iluminación y edificación del complejo residencial para atenuar el impacto de una urbanización que acogerá a 4.000 personas.
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