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La Xunta proyecta la apertura de farmacias en sus centros de atención primaria

Los empresarios critican que estas boticas vendan medicamentos directamente al paciente

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, ha preparado un decreto que autoriza la apertura de farmacias en los centros de atención primaria. La Asociación de Empresarios de Farmacia considera que estos establecimientos venderán directamente medicamentos al paciente que acude a la unidad a por recetas, lo que creará una "red paralela" de boticas dentro del sector público que les restará beneficios. El gasto farmacéutico alcanzó en 1999 en Galicia 77.000 millones de pesetas, un 12% más que el año anterior, lo que representó la mayor subida registrada en España.

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El proyecto de decreto prevé la creación de oficinas de farmacias en las distintas áreas sanitarias diseñadas por la Xunta, y de depósitos de medicamentos en los centros de salud, que tendrán como función "garantizar la atención farmacéutica necesaria a los pacientes de las unidades y estructuras de atención primaria". La Consellería de Sanidade se reserva la facultad de autorizar la apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos.Los empresarios farmacéuticos de Galicia consideran que este proyecto mermará los ingresos de las actuales oficinas de farmacia, debido al elevado número de personas que visitan diariamente los centros de salud para solicitar recetas. La dispensación de medicamentos en los ambulatorios ya estaba prevista en la polémica Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia de 1999, que aclaraba que los servicios de farmacia de atención primaria sólo podrían aplicarse dentro de los centros de salud o para casos que exigiesen una particular vigilancia, supervisión y control por parte del equipo médico.

La creación de estos servicios planteará "dificultades insalvables" para las actuales boticas, según el presidente de la Asociación de Empresarios de Farmacia de A Coruña, Fernando Guerreiro, que no entiende cómo un Gobierno autonómico del mismo signo político que el central se empeña en crear farmacias adscritas al sector público cuando desde Madrid se promulgan todo tipo de "medidas liberalizadoras".

Guerreiro advierte de que las farmacias pueden sufrir graves quebrantos económicos si se encuentran con que gran parte de los pacientes que acuden a los centros de salud compran sus recetas en los dispensarios situados en sus instalaciones. Según la patronal Farmaindustria, un 75% de los ingresos de estos establecimientos provienen de las ventas con recetas de los centros públicos de salud. Por ello, los empresarios van a reclamar a la Xunta que elimine la ambigüedad del proyecto de decreto, de forma que estas "farmacias públicas" sólo puedan dispensar medicinas que vayan a ser utilizadas en el interior de los propios centros, como ya ocurre con las que existen en los hospitales públicos.La Consellería de Sanidade, que dirige José María Hernández Cochón, rechazó realizar cualquier comentario sobre el contenido del decreto y aclaró que se trata de un proyecto que, por tanto, está sujeto a modificaciones. Inicialmente los farmacéuticos tenían de plazo hasta finales de agosto para hacer llegar sus alegaciones, aunque finalmente el periodo se amplió hasta el 30 de septiembre.

La oposición en el Parlamento de Galicia se muestra sorprendida por el contenido del proyecto. Isabel Salazar, portavoz de Sanidad del PSdeG-PSOE, considera que el borrador es "una barbaridad" y que no responde a la creación de servicios de farmacia en los centros de salud, previstos en la ley gallega de Farmacia. Los socialistas gallegos estaban de acuerdo con la creación de estos servicios, pero rechazan la instalación de oficinas de farmacia en los centros de salud, "con el agravante de que sus responsables serán nombrados a dedo por la Administración", explicó Salazar. Por su parte, Xosé Francisco Ferreiro, portavoz del BNG, no conocía todavía el contenido del borrador, pero estima que se trata de un globo sonda y lamenta que la Xunta no utilice el diálogo antes de hacer pública una normativa tan controvertida.

El Ministerio de Sanidad no quiso pronunciarse sobre el borrador de decreto que prepara la Xunta, aunque el Insalud confirmó que no está prevista ninguna medida similar en los ambulatorios de la red nacional de Salud Pública.

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