'Ecotasa'

Este verano ya se nos acaba. He seguido con atención todas las noticias relativas al turismo andaluz. El vertido de petróleo del Estrecho, la polémica sobre la ecotasa y las disputas verbales entre el Consejero de Turismo y el ayuntamiento de Almonte nos vuelven a colocar el asunto del turismo como una cuestión básica para el desarrollo de Andalucía. El cruce de acusaciones entre Hurtado y el ayuntamiento responsable de Matalascañas, concentración turística dependiente del ayuntamiento de Almonte y convertida en la Sevilla-bis durante los meses de verano, pone de actualidad una vieja cuestión: la de pensar a medio y largo plazo en cuestiones de desarrollo del territorio. Cualquiera que haya visitado Matalascañas en pleno mes de julio o agosto toma conciencia rápidamente de lo que no se debe hacer ya en materia de desarrollo turístico. Por eso tenemos que estar de acuerdo con el consejero Hurtado cuando denuncia la responsabilidad histórica de los ayuntamientos que quieren hacer negocios rápidos y a corto plazo -vía licencias de obras- sin pensar en las responsabilidades que contraen como instituciones de servicio público. Matalascañas y tantas otras colonias del litoral andaluz son ejemplos de lo que no se debe hacer ya.No entiendo, sin embargo, la contundencia con que Hurtado se opone a la implantación de la ecotasa turística. Siendo como es el turismo la base fundamental del desarrollo actual de Andalucía y a la vez fuente muy importante de contaminación del medio, bien vale la pena concebir un modo de reparto social de los costos de este factor de modificación intensiva del territorio. Algo hay que hacer, y pronto. Algunos proponen que el turista que viene a disfrutar de 15 días bajo el sol pague una ecotasa. No sabría decir si la medida es positiva o negativa. Lo único de lo que sí estoy convencido es de que si cobramos dicha ecotasa al alemán, inglés o francés que vienen a mojar sus reales cuerpos en nuestra playas, ¿qué deberíamos cobrar a nuestros oriundos que desgastan todavía más el territorio? ¿Y qué deberíamos hacer pagar a los responsables políticos que autorizan y a los promotores inmobiliarios que destruyen de forma salvaje territorios de riqueza natural incalculable?