Expertos afirman que la reforma de la Ley de Extranjería recorta derechos a los inmigrantes

"La integración social de los extranjeros no puede lograrse a golpe legislativo", afirmó ayer Marycruz Arcos, directora del curso La Ley de Extranjería a la luz de las obligaciones de España en el extranjero, que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza esta semana en La Rábida (Huelva). Según Arcos, hace falta concienciar a la población de que los inmigrantes no son un problema, sino una necesidad. Hasta el próximo viernes pasarán por La Rábida distintos expertos para analizar la legislación española en materia de extranjería.

Incorreciones

Marycruz Arcos, profesora de Derecho Internacional Público en Sevilla, recurrió ayer a un ejemplo práctico para argumentar la necesidad de fomentar la entrada de inmigrantes en territorio español: el año pasado, el 40% de la fresa de Huelva se quedó sin recoger porque no había mano de obra. Arcos cree que hace falta que la población se dé cuenta de que los inmigrantes no dan problemas a España, sino que, en muchos casos, los solucionan.Para Arcos, lo que sí es un problema es "la manipulación de los inmigrantes", y la única forma de terminar con ella es legalizar a los extranjeros que entran en territorio español, porque la existencia de inmigrantes indocumentados "sólo facilita la aparición de mafias".

En referencia a la reforma que el Gobierno tiene previsto hacer sobre la Ley de Extranjería, que pretende restringir ciertos derechos a los inmigrantes indocumentados, Arcos subrayó que "no son tolerables las distinciones entre inmigrantes legales e ilegales."

La profesora cree que la protección de los derechos fundamentales que recoge la actual Ley de Extranjería, aprobada a finales de la legislatura pasada en contra del criterio del Gobierno del PP, es "aceptable". A continuación, destacó que estas garantías se recortaban considerablemente en el proyecto que el Ejecutivo planteó en julio, aunque en la última reforma, del 4 de agosto, se intenta enmendar, en cierta manera, esta restricción.

"No podemos permitir que se aproveche la ocasión de hacer una nueva ley para recortar los derechos fundamentales, que es lo que parecía que se quería hacer en julio", advirtió Arcos, quien añadió que, "cuando se trata de derechos fundamentales" siempre hay que ser "un poco pedigüeños".

Uno de los participantes en el curso, Andrés Rodríguez Benot, profesor de Derecho Internacional Privado de Sevilla insistió en que la Ley de Extranjería vigente concede "una gran amplitud de derechos" tanto a los inmigrantes legales como a los ilegales. Rodríguez Benot recalcó que la reforma que propone el Gobierno "pretende resolver todas las incorrecciones técnicas de la ley vigente, pero recorta algunos derechos importantes, sobre todo, de los inmigrantes ilegales". Señaló que el proyecto del Ejecutivo presenta una carencia fundamental al no prever políticas que incentiven la integración social del inmigrante ni faciliten su retorno voluntario al país de origen. En opinión de Rodríguez Benot, las autoridades tienen que asumir que es "casi imposible" controlar la inmigración ilegal, por lo que hay que trabajar para que "el extranjero que entre en España tenga los mismos derechos que los españoles". "Fomentar la irregularidad es fomentar El Ejido", concluyó.

Otra de las ponentes, María Ángeles Rodríguez Vázquez, también profesora de Derecho Internacional Privado en Sevilla, incidió en la necesidad de agilizar los trámites de regularización de los inmigrantes. Según esta profesora, "la entrada legal en España es muy difícil, y eso sólo sirve para fomentar las formas indirectas de acceso al país y la creación de mafias".

En su opinión, el debate no debe girar en torno a si se tienen que abrir o cerrar fronteras, sino en "cómo canalizar legalmente la entrada de extranjeros en España". Para la profesora, la solución está en "una política de integración y ponderación de la migración desde el mismo origen de los inmigrantes".

Elena Cano Bazaga, docente también de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla, centró su ponencia en el acceso de los extranjeros a la nacionalidad española. Cano Bazaga criticó la descoordinación -"ya tradicional"- entre el Código Civil y la Ley deExtranjería en esta materia. Según la profesora, el plazo para adquirir la nacionalidad española, estipulado en 10 años por el Código Civil, no es compatible con los permisos de residencia, coordinados por la Ley de Extranjería.

En opinión de Cano Bazaga, la normativa de nacionalidad en España está "muy dispersa", y sería conveniente elaborar "un código especial de nacionalidad que regulara técnicamente todos los supuestos".