El Gobierno emitirá en septiembre la declaración de impacto ambiental del proyecto Zabalgarbi

El Gobierno vasco pretende emitir en septiembre la declaración de impacto ambiental del proyecto Zabalgarbi, el de la construcción de una planta incineradora de basuras en Bilbao. El Departamento de Medio Ambiente, encargado del visto bueno ambiental a la obra, tiene prácticamente ultimado su estudio pero ha preferido esperar a que finalicen las vacaciones de verano. Salvo sorpresas inesperadas, el Ejecutivo otorgará una declaración de impacto favorable pero condicionada a que Zabalgarbi subsane algunas de las deficiencias o carencias detectadas.

Medidas correctoras

El inicio de la construcción de la polémica incineradora está pendiente de dos trámites: la licencia de actividad del Ayuntamiento de Bilbao y la declaración de impacto ambiental del Gobierno vasco. El consistorio ha elaborado su informe y lo ha remitido al Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo. En él, aprecia ocho principales deficiencias sanitarias y técnicas pero, dado que considera son competencia del Gobierno, delega la concesión de la licencia de actividad a la opinión final que dicte el Ejecutivo en su declaración de impacto. Si es positiva, Zabalgarbi contará también con el permiso municipal.Medio Ambiente ha estado estudiando desde principios del verano toda la documentación del proyecto Zabalgarbi e incluso se barajó la opción de emitir la declaración de impacto a finales de julio. Finalmente se retrasó y, dadas las características de agosto, con la mayor parte de los implicados de vacaciones, se ha optado por realizar la evaluación ambiental en septiembre, según las fuentes consultadas por este diario.

Lo más probable es que el Gobierno opte, según los mismos medios, por emitir una declaración favorable condicionada, es decir la autorización para acometer el proyecto pero con el compromiso de abordar en un plazo de tiempo corto las medidas correctoras que se impongan. En el Departamento de Medio Ambiente se considera "muy raro" que Zabalgarbi reciba una declaración negativa. De hecho, las cerca de 70 evaluaciones de impacto emitidas en los últimos diez años por el Gobierno vasco han sido favorables, aunque en la mayoría de los casos también han estado sujetas a la implantación de medidas correctoras. Dado que el proyecto Zabalgarbi requerirá al menos dos años de obras, en el Ejecutivo se piensa que es un plazo suficiente para realizar las mejoras necesarias.Tanto el Ayuntamiento bilbaíno como los partidos políticos y grupos ecologistas que han presentado más de 200 alegaciones al proyecto se han referido a multitud de anomalías. El consistorio, en su primer informe técnico, vio hasta 50 anomalías y, en el documento definitivo enviado en junio al Gobierno, se refiere a ocho principales deficiencias. Se trata de la ausencia de datos actuales del suelo donde se ubicará el planta, que ha sido el principal argugumento esgrimido por los ecologistas y que incluso el Gobierno ha considerado "ilógica" su carencia. Además, censura el modelo matemático utilizado para medir la dispersión atmosférica que "asume un cierto nivel de incertidumbre"; exige caracterizar adecuadamente las emisiones "incluyendo la posible manipulación de materiales (escorias, cenizas...) en el exterior y las circunstancias más adversas en el procedimiento de descarga de los residuos sólidos urbanos" y elaborar un estudio de viabilidad sobre la captación de agua potable en épocas de sequía "y si existe la previsión de alternativas".

Junto a ellas, el informe municipal pide la concreción "expresa" del desvío de los residuos a otros vertederos, garantizar el tratamiento de inertización de escorias y cenizas, un mayor control de la entrada de residuos "que minimice la aceptación de residuos no deseados" y asegurar "absolutamente" la ausencia de filtraciones al canal de Ordunte, situado al lado del vertedero donde se prevé ubicar la planta. "Dado el carácter potable del agua que canaliza, su impermeabilización resulta necesaria en el tramo afectado así como la previsión de afecciones durante las obras de implantación".

El proyecto de la incineradora en Vizcaya se impulsó en 1993 y persigue quemar al año 228.000 toneladas de desechos. Primero se quiso ubicar en Erandio pero finalmente se optó por Bilbao. La inversión supera los 25.000 millones de pesetas. El capital actual de Zabalgarbi es de 2.800 millones, de los que un 45% es público.