La ofensiva de ETA ensombrece el primer examen del segundo Gobierno de Aznar

El Gobierno ha preparado para hoy, tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones veraniegas, una cartilla con las evaluaciones que los ministros se autoconceden en los primeros 100 días de esta segunda etapa del PP en el poder. La nota que se otorgan es alta. Creen haber abierto los principales frentes que prometieron abordar en su programa electoral, el último que firmó como candidato José María Aznar. Pero también se han visto en este periodo ante una macabra ofensiva terrorista que ha ensombrecido con cuatro asesinatos y una decena de coches bomba sus logros.

El primer Gobierno de José María Aznar en su segunda y, de acuerdo con su propio compromiso, última legislatura como presidente ha puesto en marcha en sus primeros 100 días, como prometió en la campaña electoral, su proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Lo ha hecho unilateralmente y ha desatado una avalancha de críticas desde prácticamente todos los sectores políticos y sociales. A Aznar le ha salido además un grano político y personal con el caso Villalonga, en el que ha acabado por cuestionar incluso si el ex presidente de Telefónica fue alguna vez su amigo.El Consejo de Ministros, que se reunirá esta mañana por última vez antes de las vacaciones estivales, con 16 carteras, dos más que el anterior, tomó posesión el viernes 28 de abril, hace hoy 98 días. El domingo 7 de mayo, nueve días más tarde, ETA asesinó de cuatro tiros en la cabeza a José Luis López de Lacalle, columnista y fundador del Foro Ermua, cuando regresaba a su casa de Andoain tras comprar los periódicos.

La escalada de terror ya no ha tenido freno. ETA mató apenas un mes más tarde, por ese mismo método, a Jesús María Pedroso, concejal del PP en Durango (Vizcaya); a mediados de julio, ejecutó igualmente en Málaga al también edil popular José María Martín Carpena, y el pasado sábado, al socialista Juan María Jáuregui, ex gobernador civil de Vizcaya.

En estos 100 días los etarras y sus colaboradores han sembrado el terror con una cadena de atentados y violencia callejera indiscriminada. Una estrategia en espiral enloquecida desde finales de junio con diez intentos fallidos de masacres mediante la colocación de distintos coches bomba y bombas lapa contra empresarios, centros comerciales, un cuartel de la Guardia Civil, sucursales bancarias, un líder andaluz del PSOE en vísperas de su 35º Congreso Federal, una parlamentaria del PP, un edil de ese partido en Abadiño y este miércoles, con artefactos incendiarios, contra la vivienda del único senador del PP por Guipúzcoa, Gonzalo Quiroga.

Aznar se ha conmovido en sus entrañas con este acoso, pero no ha dado una sola muestra de debilidad en sus conocidas posiciones. El PP ha reafirmado, cada vez en mayor consonancia con el PSOE, que jamás negociará ni canjeará nada con los que matan y que sus planteamientos nunca se saldrán de la Constitución, el Estatuto vasco de Autonomía y las normas legales que impone el Estado de Derecho.

Al tiempo que se aproximaban hasta confundirse los idearios del PP y del PSOE, el Gobierno se aleja definitivamente del PNV, que domina desde hace 20 años todo el poder en Euskadi. Aznar ya ha determinado que para reconducir el actual y convulso escenario vasco hay que construir una alternativa a ese Gobierno nacionalista cada vez más implicado en el Pacto soberanista de Lizarra (Estella). Y vislumbra que para el éxito de esa alternativa los socialistas pueden ser muy necesarios.

Con ese objetivo, Aznar ha precipitado la celebración de los congresos de su formación en esa comunidad a fin de preparar un programa alternativo, que liderará en su momento -en el PP calculan que para la próxima primavera- su aspirante aún no nominado oficialmente a lehendakari, el ministro del Interior, Jaime Mayor.

Sobre las intenciones de Aznar de reformar la vigente ley de Extranjería no cabía ninguna duda. No le gustó la que se aprobó en diciembre, con el apoyo de todos los partidos de la oposición y de sus antiguos socios nacionalistas, porque le parecía muy aperturista y progresista. En campaña, antes de lograr la holgada mayoría absoluta que le proporcionan sus 183 diputados, ya prometió que la cambiaría.

A los pocos días de tomar posesión, el nuevo Gobierno adelantó que ese reto sería un prioridad e inmediatamente se advirtió de que el nuevo texto sería retomado bajo el manto del Ministerio del Interior, que para coordinar todas las competencias al respecto creó una nueva Secretaría de Estado que se encomendó al delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, ex vicepresidente del Congreso.

Hace ahora un mes, el Consejo de Ministros aprobó el reformado documento, con un recorte importante de derechos, sobre todo para los denominados inmigrantes irregulares. Pero el Gobierno olvidó remitir sus ideas al respecto al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social. Ese error se ha corregido en este plazo y hoy mismo volverá a ratificar sus intenciones, aunque admitiendo alguna de las sugerencias planteadas por esos órganos consultivos.

El constante deseo de Aznar y su equipo económico, ahora más amplio que en la anterior legislatura -cuando Rodrigo Rato era el único que podía presumir de reducir el paro, controlar la inflación o rebajar el déficit presupuestario-, por acercarse a la meta del pleno empleo está cuando menos encauzado. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, ese reto se encuentra ya en el 15%.

El Ejecutivo ha puesto en marcha un variado paquete de medidas económicas para fomentar la competencia en diversos sectores, y obtenido como respuesta a la liberalización de los horarios comerciales un engorroso recurso de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional.

En ese ámbito económico, Aznar ha chocado estrepitosamente con el caso Telefónica, también denominado caso Villalonga. Las diferencias entre Aznar y su antiguo amigo y compañero del Pilar llegaron a esta legislatura arrastradas de la anterior, cuando estalló el escándalo de las millonarias opciones sobre acciones que se adjudicó Villalonga por su gestión en la principal compañía del país, a la que le había promocionado Aznar.

En estos meses, el Gobierno del PP boicoteó varias actuaciones programadas por Villalonga para extender internacionalmente su influencia. Finalmente, tras frustrarse uno de esos planes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores reabrió a instancias del ex diputado popular Luis Ramallo, su vicepresidente, una investigación sobre una polémica operación de Villalonga que acabó con su dimisión tras denunciar que no soportaba más las presiones del Ejecutivo.