El Gobierno reforma la Ley de Extranjería pese a las quejas de los agentes sociales y la oposición

El Gobierno se dispone a aprobar hoy, desoyendo las quejas de las organizaciones sociales y los emplazamientos de la oposición, una reforma restrictiva de Ley de Extranjería sacada adelante a finales de la legislatura pasada con el apoyo de todos los partidos, excepto el PP. "¡Basta de buenos sentimientos!", exclamó ayer el ministro del Interior, Jaime Mayor, justificando un endurecimiento de la normativa actual para impedir que en España haya un proceso de "regularización permanente" de inmigrantes. Las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo y el anuncio de que quienes no consigan la residencia serán expulsados, ha desencadenado duras críticas por parte de los partidos de la oposición, los sindicatos y los agentes sociales.

Las ONG, en contra

El anuncio del Gobierno de que en la reforma incluirá algunas sugerencias realizadas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado no ha tranquilizado a quienes plantean que no es momento para cuestionar una ley que apenas ha echado a andar. El PSOE, que el miércoles solicitaba al Ejecutivo un aplazamiento de un mes, en la confianza de poder alcanzar a la vuelta del verano un pacto de Estado sobre la inmigración, advertía ayer al Gobierno de que si aprueba hoy la reforma, tal como ha anticipado el vicepresidente Mariano Rajoy, "no se hará cómplice de hechos consumados".El secretario de Organización del primer partido de la oposición, José Blanco, insistió en que si no se logra un consenso "es porque el Gobierno se empeña en sacar su texto desoyendo a las demás fuerzas políticas y sociales" y sugirió que el Ejecutivo, antes de aprobar su reforma, haría bien en atender no sólo las recomendaciones del CGPJ, sino también las del Consejo Económico y Social (CES), al que ni siquiera se ha dirigido.

El delegado del Gobierno, Enrique Fernández-Miranda, comentaba el miércoles que el Ejecutivo "no tendría ningún inconveniente en escuchar las observaciones que pudiera hacer el CES", pero admitía que no le ha pedido su opinión.

La historia se repite. Tanto el Poder Judicial como el Consejo de Estado tuvieron que recordarle al Ejecutivo, después de que el 13 de junio aprobara un texto de reforma no consultado con ambos organismos, que cuando se trata de derechos fundamentales se debe escuchar previamente su parecer. Ahora, en segunda tentativa, el anteproyecto de ley vuelve al Consejo de Ministros. esta vez, tras pasar por las manos de jueces y consejeros de Estado. Sin embargo, el vicepresidente del grupo sindical del Consejo Económico y Social y consejero de CC OO, Julián Ariza, reprochaba ayer a La Moncloa que se haya olvidado de remitir también el anteproyecto al CES, tal y como este órgano consultivo había solicitado la semana pasada.

Según Ariza, el Ejecutivo está "vulnerando" la ley del propio CES, que establece que cualquier decreto o anteproyecto cuyo contenido afecte a los derechos laborales debe remitirse a este organismo para que emita un informe preceptivo, aunque no vinculante. "En determinadas cuestiones no les interesa [al Gobierno] consultar a los órganos preceptivos y dan la callada por respuesta", añadió. Ante esta situación, señaló que en la próxima reunión del CES, que se celebrará en septiembre, se estudiarán posibles medidas contra la actitud del Ejecutivo.

Por su parte, el vicepresidente primero Mariano Rajoy argumentaba, a pocas horas de la decisiva reunión de hoy, que el Ejecutivo pretende hacer "una reforma realista, que no impida ordenar algo razonablemente", y manifestaba que el objetivo que se persigue es que todos los inmigrantes que lleguen a España "tengan una vida digna, con trabajo y derechos, para que no vivan peor que en su país". Asimismo, expresaba su confianza en que, una vez que el texto reformado sea enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria, se pueda llegar "a un entendimiento con algunas de las fuerzas políticas y organizaciones sociales".

La postura de las ONG es de malestar y rechazo a la actitud del Gobierno. Las 11 asociaciones agrupadas en Iniciativa Papeles para Todos, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos y SOS Racismo, difundieron ayer un comunicado en el que se oponen radicalmente a la reforma. "Apostamos por una auténtica política de inmigración que contemple a todo ser humano como persona con derechos inalienables y nos oponemos públicamente a cualquier retroceso en el reconocimiento de derechos para los inmigrantes, que es lo que el PP pretende modificando la actual normativa", reza el comunicado. Y añaden: "A nadie se le escapa que un endurecimiento de la ley, lejos de significar la desaparición de las mafias, lo que conseguirá será justificar ante sus víctimas una elvación de los precios al ser más arriesgado el viaje para llegar a España; ello sólo dará como resultado un mayor sufrimiento y más muertes en nuestras costas". De este modo, responde el comunicado a la argumentación, repetida hasta la saciedad por el Gobierno, de que esta reforma pretende servir para "ordenar la inmigración" y "acabar con las mafias que trafican con personas".

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subraya que el Gobierno no ha dado tiempo suficiente a la ley en vigor y se suma a la iniciativa de aplazar la reforma para abrir una política de consenso.