La Junta de Andalucía pide ayuda al Gobierno y a la UE para frenar la inmigración de menores

Han descubierto cómo venir con garantías de quedarse siendo inmigrantes indocumentados: ser menores de edad. Y vienen cada vez más: la cifra se duplica cada año. Buscan aventura o empleo, pero en la mayoría de los casos no tienen edad legal para trabajar. Son presa fácil de las mafias, que los emplean ilegalmente o los meten en redes de delincuencia. Sus familias suelen desentenderse de ellos y las autonomías ejercen su tutela hasta la mayoría de edad. La Junta de Andalucía, en la frontera, reclama la ayuda del Gobierno y la UE. En 1999 este capítulo le costó mil millones de pesetas.

"No son niños de la calle"

El año pasado hubo 858 niños marroquíes de nuevo ingreso en los servicios sociales de la Junta, que, sumados a los que ya estaban acogidos, costaron al presupuesto andaluz "unos mil millones de pesetas en estancia, personal, manutención, formación y pruebas para establecer su edad", según Leonor Rojo, directora general del Servicio Andaluz del Niño (SAN).La ley establece la competencia de las comunidades autónomas en esta materia, "pero sin presupuesto". El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, advierte de que "Andalucía no puede pagar sola el coste de la frontera entre Europa y África. Todas las instituciones, en especial el Gobierno y la Unión Europea, tienen que implicarse". "Este año nos puede costar unos 1.500 millones de pesetas atender la oleada de menores que nos llegan desde el norte de África", añade.

Los filtros en la frontera están provocando que cada vez más niños sean detectados en Andalucía, se queden aquí y pasen menos hacia el norte. La estancia diaria de un menor en un centro propio de la Junta cuesta unas 25.000 pesetas y menos de la mitad en un centro colaborador. En 1998 el Gobierno andaluz contabilizó a 429 marroquíes de primera entrada. En el primer cuatrimestre de 2000 han sido 340, pero el consejero cree que se llegará a 3.000.

¿Cómo pasan? La especialidad de los jóvenes son los bajos de los camiones. Un muchacho de 17 años, que dijo llamarse Said cuando llegó, pero cuyo nombre verdadero es H. M., contó a este periódico que pasó cuatro veces. "La policía me cogía y me llevaba a Marruecos, pero yo estaba aquí de nuevo antes de que ellos hicieran el viaje de vuelta".

La primera vez que Said subió para Europa, lo hizo con 13 años en los bajos de un autobús, pero no pudo salir de San Sebastián. Estuvo acogido en Guipúzcoa nueve meses y después casi dos años en Madrid. Ahora H. M. está en un centro de la Junta en Torre del Mar (Málaga). Ayuda a unos marroquíes en un puesto del mercadillo de este pueblo costero. Ahorra cada peseta que gana y le han prometido ayuda para que tenga su propia tienda ambulante. Pero su principal aspiración son los papeles.

"Es un muchacho que responde, es trabajador y lleva cuatro años en España", dice la trabajadora social del colegio Virgen de la Victoria. En este centro esperaban que le entregaran su permiso de residencia el 27 de julio después de tres visitas a la ventanilla de Extranjería de la Policía en Málaga, pero le han dado largas hasta septiembre. Si consigue sus documentos, será el primero del mismo que lo logre.

El primer objetivo de las autoridades, como dice la Ley de Extranjería, es el reagrupamiento familiar. "Nuestra misión es entregarlos a sus padres", afirma Leonor Rojo. Pero el problema es que la propia familia es la que quiere que vengan: "A diferencia de la emigración española de los años 60, cuando se iba el cabeza de familia, aquí es al revés. El hijo va a una vida en teoría mejor y los padres no aceptan el reagrupamiento familiar".

El consejero de Asuntos Sociales de la Junta apunta en este terreno algunas de las asignaturas pendientes del Gobierno y la UE: "Se ha iniciado un primer acuerdo entre el Gobierno español y el marroquí para crear centros de acogida en el norte de África. Nosotros hemos dado una subvención a la ONG Mensajeros por la Paz para que creen centros cerca de Ceuta y Melilla. El problema ahora es que estos niños no pueden ser repatriados con garantías de que van a recibir una buena formación y la UE tiene que destinar fondos de cooperación internacional para acciones en el campo de la infancia".

En muchos casos es la propia familia la que los manda. María Rosa Miranda, directora del centro El Castaño, en Gaucín (Málaga), recuerda a un niño de 12 años de Klaa Sragna al que su padre metió en una patera "porque había pagado 200.000 pesetas por una plaza, el hijo mayor se arrepintió y embarcó al pequeño". Aquel chaval acabó escapándose, que es el destino más frecuente de los menores marroquíes acogidos.

Estos jóvenes se fugan con facilidad de los diez centros propios y 19 colaboradores que tienen los servicios sociales de la Junta en toda Andalucía. "Esto no es un correccional. El que quiere irse se marcha", dice Antonio Vera, jefe de servicio del SAN, y lo explica: "El año pasado tuvimos 858 nuevos ingresos y ni un solo día tuvimos más de 120 niños marroquíes".

Una cuarta parte de los 120 jóvenes que han pasado por El Castaño en sus dos años de funcionamiento se ha fugado. Este centro concertado, dirigido por una ONG española, cuenta con personal marroquí cualificado y ha conseguido un alto índice de reagrupamientos familiares: un 28% en Marruecos y un 9% con parientes en España. Por el contrario, en Torre del Mar se escapó la mitad de los que estuvieron este curso escolar.

Javier García Rull, fiscal de Menores de Málaga, advierte de que "muchos de estos jóvenes vienen a ganar dinero fácil y acaban en las redes de la prostitución infantil, el tráfico de drogas o en bandas que se dedican a pequeños hurtos". El propio García Rull dispuso en febrero que Said y otros compañeros de Torre del Mar fueran distribuidos en otros centros mientras se aclaraba quiénes eran las personas que venían por la noche para llevarse a algunos de los internos.

Rara vez dan su nombre y edad verdaderos. Desde hace cuatro años la edad se establece con una radiografía (oseometría) de la muñeca, que detecta si el crecimiento del individuo se ha detenido. Una vez declarados menores, si no se consigue que vuelvan con su familia -sólo se logra en un 20% de los casos-, la comunidad autónoma ejerce la tutela hasta la mayoría de edad. Pérez Saldaña describe un perfil frecuente: "Son los niños-boya que lanzan hacia Europa, para intentar aquí el reagrupamiento familiar. Los padres no entienden que no tengan edad para trabajar. Creen que desde los 12 años los niños son un patrimonio al que hay que sacar rendimiento económico".