Callejón sin salida
El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer el informe de los instructores que, por orden del presidente de la Comisión, Juan Fernández Armesto, investigaban desde el pasado 16 de junio si el ya ex presidente de Telefónica Juan Villalonga había infringido la Ley del Mercado de Valores por el uso de información privilegiada en una operación de compra de opciones sobre acciones de Telefónica realizada en 1998, finalmente anulada por el propio Villalonga vendiendo las opciones, ante la advertencia de la Comisión. El informe asegura que "los hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el presente procedimiento de investigación no constituyen indicios suficientes que justifiquen la incoación de un procedimiento sancionador por uso indebido de información privilegiada".Esta conclusión es coherente con la que se obtuvo en noviembre de 1998, cuando la CNMV cerró el expediente sobre la misma operación, también por falta de indicios de delito. Por segunda vez, la CNMV determina que esta operación de compra de opciones, financiada por Argentaria mediante préstamos de 200 millones a Juan Villalonga y Alberto Cortina, consejero de Telefónica, es legal y legítima, y por segunda vez en dos años se archiva un expediente sobre el caso.
Honra a la CNMV que las conclusiones de esta investigación repitan las de la anterior; demuestra que en 1998 el expediente se tramitó de forma seria y exhaustiva. También es importante subrayar que el consejo de la Comisión ha aprobado por unanimidad las conclusiones; porque queda ahora constancia pública de que los consejeros de la institución, alguno de los cuales ha acusado a la presidencia de la CNMV de no informar de la investigación, han sido puntualmente informados y consultados. Pero, desgraciadamente, las consecuencias para la CNMV del caso de Telefónica no acaban aquí.
A pesar de que los servicios de la Comisión han actuado con diligencia, no han podido evitar un grave impacto político. La pregunta relevante debe ser por qué se investigó de nuevo una operación archivada sin más motivo que la publicación de aparatosas portadas periodísticas que no aportaban datos nuevos sobre los entresijos de la compra. Si el presidente de la CNMV entendió que era necesario despejar toda sombra de duda sobre la validez de la primera investigación, hay que alabar sus buenas intenciones, pero se ha equivocado. Porque, gracias sobre todo a las inconvenientes intervenciones públicas del jefe del Gobierno recordando sus responsabilidades a la Comisión y al consejo de Telefónica, la investigación del organismo regulador del mercado ha quedado bajo sospecha, justificada o no, de ser una pieza más en la campaña del Gobierno para despedir a Villalonga.
Caben pocas dudas de que la CNMV se metió en un callejón sin salida el día que decidió reabrir el expediente archivado en 1998. Pero lo peor es que el evidente deseo del Ejecutivo de ajustar las cuentas a cualquier precio a Juan Villalonga -que pasó de "amigo de pupitre" de José María Aznar a "enemigo público" a raíz del caso de las stock options-, ha acabado por arrollar a la Comisión y destruido momentáneamente cualquier vestigio de independencia, que son precisamente las cualidades imprescindibles en un organismo regulador del mercado. La filtración de informaciones reservadas que hoy atacan a Villalonga con el mismo entusiasmo con que ayer jalearon sus despropósitos, y el alboroto interesado de algunos consejeros de la institución, quejosos de la supuesta opacidad de la investigación, son los indicios de que la CNMV no ha podido resistir la intoxicación y está hoy, por desgracia, en franca descomposición. ¿A qué responsabilidad apelará ahora el jefe del Gobierno?
