300 médicos del Clínico rechazan una condena por esterilizar a una discapacitada

Intervención "correcta"

Trescientos médicos del hospital Clínico de San Carlos, de Madrid, han firmado un manifiesto en el que rechazan, "por desproporcionada", la condena de un año y seis meses de cárcel que impuso el pasado febrero la Audiencia de Madrid a dos médicos del centro por haber esterilizado a una menor que sufría síndrome de Down, pese a carecer del obligado permiso judicial. Los condenados -el jefe del departamento de ginecología y obstetricia del Clínico, Manuel E. F., y el cirujano César C. B.- esterilizaron a la chica, de 19 años, mediante una ligadura de trompas para evitar que se quedase embarazada en el futuro. Lo hicieron a petición de la madre, que tenía su custodia, pero sin el consentimiento del juez, imprescindible dada la discapacidad de la víctima. El nuevo Código Penal de 1995 tipifica como lesiones graves la esterilización de una menor discapacitada sin permiso de un juez.

Fue el padre de la joven quien interpuso la denuncia contra los médicos al saber que su hija había sido esterilizada con permiso de su esposa, pero sin el del juez. Los padres de la joven estaban en trámites de separación cuando se efectuó la intervención quirúrgica, en julio de 1997.

Los 300 médicos firmantes del escrito afirman que respetan la decisión judicial. Sin embargo, no la comparten "en absoluto", dada "la alta cualificación profesional y depurada ética" que caracteriza la actuación de los médicos sancionados. Asimismo, hacen hincapié, basándose en el contenido de la sentencia, en que la intervención quirúrgica fue "correcta". Y comparten la decisión del tribunal de solicitar al Gobierno que modifique la norma que ha permitido esta condena y que otorgue el indulto a los afectados.Los médicos afirman: "La compleja situación de posibles actuaciones judiciales a la que cada vez con mayor frecuencia se encuentran sometidas las actuaciones de los profesionales médicos, pone en peligro una libre práctica del acto médico, sometiendo al facultativo a una permanente presión en todas sus actuaciones, que pueden llegar a impedir una fluida asistencia médica y [tener] una importante repercusión en el sistema sanitario español".

Los facultativos admiten que, "como humanos", pueden cometer errores, pero advierten que, de seguir así las cosas, llegará el momento en que tengan que tener al lado un abogado "para conocer el alcance legal de sus actuaciones", ironizó ayer Julián Simón, uno de los firmantes y jefe médico de este hospital.

La Audiencia de Madrid condenó a los dos médicos, pero no estableció ninguna indemnización para la joven, que en el momento de la intervención tenía 19 años. Durante el juicio, los facultativos afirmaron que desconocían la necesidad de solicitar el permiso del juez.