RTVE y su deuda

El Gobierno parece dispuesto a afrontar el sempiterno problema de RTVE y su multimillonaria deuda. Acuciado por el compromiso de déficit cero en las cuentas públicas para el año 2001, busca la forma de gestionar mejor ese mastodonte administrativo-financiero en que se ha convertido la radiotelevisión pública y, de paso, eliminar de las cuentas del Reino los 700.000 millones de deuda acumulada.Ninguna objeción cabe hacer al propósito de abordar una cuestión que preocupa al conjunto de las fuerzas políticas. Pero una tarea que requiere tiempo y sobre todo consenso corre el riesgo de convertirse en una chapuza si se hace deprisa, bajo el síndrome de ajustar a toda costa los ingresos y gastos del Estado y exclusivamente bajo el dictado del Gobierno. Los dos borradores de decreto-ley que maneja el Ejecutivo coinciden en lo esencial: endosar la gestión financiera de RTVE y sus deudas a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente de Hacienda, y reforzar el control político del ente público radiotelevisivo por parte del Ministerio de la Presidencia, del que pasaría a depender funcionalmente, y no sólo administrativamente, como sucede ahora.

El reforzamiento del control gubernamental sobre RTVE no sólo empañaría aún más la imagen de neutralidad del ente público, sino que dificultaría cualquier intento de dotar de mayor autonomía profesional a su director general, así como las labores de control del Parlamento. Pero a los reparos políticos se añaden los jurídicos, que, en parte al menos, tienen también una innegable dimensión política. Como de costumbre, el Gobierno quiere encarar el problema por la vía del decreto-ley, sustrayendo al Parlamento el debate de un asunto que, por su trascendencia, merece la atención y la valoración del conjunto de las fuerzas políticas. El asunto es urgente, pero no porque sea algo sobrevenido e imprevisto, como exige el procedimiento del decreto-ley, sino porque se agrava con el paso del tiempo y exige una solución definitiva. El Gobierno todavía está a tiempo de reflexionar: debería proponer claramente al Parlamento, mediante un proyecto de ley, sus propuestas de mejora de gestión de RTVE, sin pretender hurtárselas por la vía urgente del decreto-ley.