XXV aniversario del Acta Final de Helsinki
Mañana se cumple el 25º aniversario de la firma solemne del Acta Final de Helsinki por los 35 jefes de Estado y de Gobierno de las naciones participantes en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), todos los europeos, menos Albania, más Estados Unidos y Canadá. En este cuarto de siglo, el Pacto de Varsovia ha desaparecido, Alemania se ha reunificado y la Unión Soviética se ha disuelto, transformando el panorama político y de seguridad de nuestro continente en forma entonces difícilmente imaginable. En ese cambio espectacular, el proceso nacido en Helsinki hace 25 años ha desempeñado un papel decisivo.Cuando en 1975 se firmó el Acta Final -también llamada Carta de la Distensión-, la inclusión en el Acta Final de las disposiciones relativas al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales actuarían como el fermento que acabó precipitando el derrumbamiento de los regímenes totalitarios de la Europa del Este.
Se suele decir que los resultados de una negociación son buenos cuando ninguna de las partes en ella envueltas -en este caso, los países de la OTAN, del Pacto de Varsovia y los No Alineados, a los que España pertenecía en 1975- queda completamente satisfecha. Ello le fue aplicable al Acta Final, de la que arrancó el proceso de Helsinki, en la medida en que posibilitó un foro de diálogo entre el Este y el Oeste que permitió que la distensión fuera echando raíces por mucho que esa tendencia tuviera retrocesos. El Acta Final tiene, asimismo, el valor histórico de haber aportado la primera generación de medidas de fomento de la confianza, orientadas a reducir los peligros de conflicto armado y de errores de interpretación o cálculo sobre actividades militares.
He mencionado ya la palabra "proceso". En ella radica uno de los grandes méritos de la CSCE: la continuidad de la Conferencia por medio de reuniones periódicas que pasan revista al grado de cumplimiento por los Estados de los compromisos asumidos y permiten contraer otros nuevos. La CSCE ha tenido otros dos rasgos definitorios: basarse en compromisos políticos y la regla del consenso.
A España, la continuidad del proceso iniciado en Helsinki le brindó la oportunidad de desempeñar un papel destacado al convertirse Madrid, cinco años más tarde, en sede de una de las conferencias de seguimiento. La reunión de Madrid se inició en un momento en que el proceso de distensión pasaba sus horas más bajas. Estas circunstancias negativas en el clima internacional complicaron la marcha de las negociaciones. Hubo que esperar hasta septiembre de 1983 para concluir "el documento de Madrid". La diplomacia española se empleó a fondo para lograr el éxito de la reunión y, a pesar de los malos augurios, se consiguió alcanzar unos resultados positivos. En Madrid se adoptó el mandato para convocar una Conferencia sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad y sobre el desarme en Europa, cuya primera fase tendría lugar en Estocolmo poco más tarde. Fruto de aquella decisión fue la firma en París, en 1991, del Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (FACE, en sus siglas e inglés), que condujo a una reducción drástica de armamento en nuestro continente.
En la Cumbre de París de 1991, los jefes de Estado y de Gobierno de la CSCE iniciaron igualmente una paulatina institucionalización que daría lugar a la conversión de la Conferencia en la actual OSCE y, por tanto, en una organización con estructura permanente y sede en Viena.
Desde entonces, y particularmente en los últimos años, Europa ha dado pasos decisivos en la construcción gradual de una arquitectura de seguridad. El inicio de las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea, la ampliación de la Alianza Atlántica a tres nuevos miembros, las actas fundacionales con Rusia y con Ucrania y los primeros pasos de la Política Europea de Seguridad y Defensa son ejemplos en esa dirección. La OSCE ocupa un lugar especialmente importante en esa construcción.
La Carta sobre la Seguridad Europea, aprobada en la Cumbre de Estambul en noviembre del pasado año da la medida de las ambiciones y del papel de la OSCE en la nueva seguridad europea, proporcionando los instrumentos necesarios con los que hacer frente con mayor eficacia a los nuevos retos. En primer lugar, confirma la prevención de conflictos como uno de los rasgos más sobresalientes de la OSCE, reafirmando el acervo de normas, principios y compromisos tanto del ámbito político-militar como de la esfera de los derechos humanos, la democracia y el respeto al Estado de derecho. En segundo lugar, permite constatar que el incumplimiento de los compromisos aceptados por los Estados es asunto de preocupación legítima de los demás y que esta última no debe considerarse como una injerencia en los asuntos internos. En tercer lugar, cabe señalar que la OSCE ha centrado gran parte de su actividad en torno a conflictos de carácter intraestatal originados en gran parte por el afán de crear sociedades étnicas homogéneas, o por la ausencia del respeto a la pluralidad y a las minorías nacionales. La reafirmación del principio de integridad territorial de los Estados, respetando los derechos individuales y potenciando la riqueza que supone la pluralidad, es la vía más adecuada para preservar la paz y la estabilidad en nuestro continente. También la Carta sobre la Seguridad Europea afirma -es de interés subrayarlo- que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y sean cuales fueren sus motivos, es inaceptable.
La crisis de Kosovo, donde la OSCE tiene desplegada su misión más importante, ha puesto en evidencia las carencias de la comunidad internacional no sólo para prevenir los conflictos, sino también para gestionarlos. La Cumbre de Estambul dio los primeros pasos para mejorar la capacidad de la OSCE para actuar y desplegar rápidamente expertos civiles o policías. Estos esfuerzos, a los que España presta su concurso, coinciden con otros similares que está llevando a cabo la UE para la gestión no militar de las crisis.
España ha incrementado en los últimos años su presencia en las misiones de la OSCE y tiene personal en Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Georgia. Es voluntad del Gobierno español seguir apoyando los esfuerzos para fortalecer la OSCE, de la que somos los séptimos contribuyentes, y reforzar nuestra presencia en sus misiones e instituciones. Entre otras razones, por ser Europa, y en este caso "la gran Europa" es una prioridad esencial de la política exterior de España. Como han puesto de manifiesto los conflictos en los Balcanes, la inestabilidad en cualquier zona de nuestro continente afecta a nuestros intereses o bien a los de nuestros socios o aliados. Al mismo tiempo, y como dije ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el pasado junio, la promoción del respeto y garantía de los derechos humanos es uno de los ejes fundamentales de la política exterior del Gobierno. La OSCE ha sido el instrumento para articular un amplio consenso político y moral sobre una serie de valores de convivencia democrática que hoy sólo unos pocos rechazan. Nos congratulamos de que, veinticinco años después de su adopción, el Acta Final haya contribuido decisivamente a superar la división de Europa y al florecimiento de la libertad y la democracia, permitiendo caminar hacia el futuro con esperanza.
Josep Piqué es ministro de Asuntos Exteriores de España.
