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El Ayuntamiento dice que no está dispuesto a gobernar "bajo amenaza" de Ruiz-Gallardón

Antonio Jiménez Barca

A. JIMÉNEZ BARCA El edil de Urbanismo, Ignacio del Río, impulsor del plan que libera suelo para hoteles, justificó con una frase que el Ayuntamiento lo aprobara ayer en pleno pese al rechazo y las advertencias de la Comunidad: "El Ayuntamiento no puede gobernar bajo amenazas". El vicepresidente regional, Luis Eduardo Cortés, cabeza visible de la oposición a ese plan, replicó: "El ejecutivo municipal está obligado a respetar a la Administración que tiene encima". Cortés ordenó inmediatamente impugnar el acuerdo del pleno ante el Tribunal Superior, además de pedir que lo suspenda cautelarmente.

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El pleno de ayer estuvo marcado por un polémico plan especial que liberaliza suelo de oficinas y residencial para implantar hoteles. El vicepresidente regional, Luis Eduardo Cortés, advirtió hace días de que, si sus compañeros del PP en el Ayuntamiento persistían en aprobarlo, acudiría a los tribunales porque, a su juicio, el plan excede las competencias municipales. Pero sus compañeros del PP lo aprobaron.El concejal de Urbanismo, primero en tomar la palabra para defender el proyecto, no se amilanó ante las advertencias de Cortés: "Hacen falta hoteles en la ciudad. Y estoy convencido de que el Ayuntamiento tiene razones y competencias suficientes para liberalizar ese suelo. Si un Ayuntamiento como el de Madrid no puede ni liberar suelo, pues que quite el cargo de concejal de Urbanismo, o sea, el mío, y que se lo dé al consejero de Obras Públicas de la Comunidad [cargo que ostenta el vicepresidente Luis Eduardo Cortés]".

Luego, el edil responsable del plan tuvo un ramillete de comentarios irónicos para el Ejecutivo que preside Alberto Ruiz-Gallardón: "El Gobierno regional dice que eso es suyo; bueno, que todo es suyo. Y yo no soy la Agustina de Aragón de la autonomía municipal, pero creo que en este caso tenemos razón".

La oposición (PSOE e IU) se abstuvo. Inés Sabanés, portavoz de IU, aseguró que el Ayuntamiento "estaba en lo cierto", pero no quiso "entrar en las batallas del PP". Matilde Fernández, portavoz adjunta del PSOE, admitió también que el Consistorio "tiene razón". Pero, acto seguido, preguntó: "Aunque tengan razón, ¿no es mejor que retire el punto y esperen a dilucidar entre ustedes a quién le corresponde y a quién no llevar este plan adelante? ¿No es un poco absurdo que dos administraciones, el Ayuntamiento y la Comunidad, se enfrenten en los tribunales?"

Del Río respondió: "Para retirar el punto siempre hay tiempo". Luego, en los pasillos de la Casa de la Villa, añadió: "No se puede gobernar, ni retirar puntos, bajo amenaza", refiriéndose a la Comunidad. Del Río se quejó del afán de notoriedad del Gobierno regional: "Hace tiempo que modificamos el régimen urbanístico para instalar peluquerías en las primeras plantas de los edificios, pero eso no importó a los responsables del Gobierno regional porque eso no daba titulares en los periódicos", afirmó.

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Nueva fórmula

El concejal propuso después una fórmula que acabara con estas disputas: "Yo estaría dispuesto a que un grupo de juristas neutrales, elegidos si se quiere por sorteo, examinasen no éste, sino los ocho o nueve asuntos que se están dirimiendo en los tribunales entre la Comunidad y el Ayuntamiento". Un día antes, el vicepresidente Cortés había hecho una oferta parecida, sin encontrar respuesta en el alcalde, José María Álvarez del Manzano. Pero Del Río no hizo la menor mención a la oferta de Cortés. El alcalde, en un tono más conciliador, afirmó que estas discrepancias "no significan que exista una gran tensión entre el Ayuntamiento y la Comunidad".Cortés señaló que las protestas del Gobierno regional en contra de este plan especial urbanístico municipal se deben a dos aspectos muy diferenciados: el formal y el de fondo. "El formal era dilucidar quién tiene las competencias -si la Comunidad o el Ayuntamiento- para aprobar un plan especial que modifica un uso del suelo", explicó el número dos del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón. "El tema de fondo, mucho más importante y preocupante", prosiguió Cortés, "es que el Ayuntamiento tenía pensado recalificar el suelo industrial de la capital para que se pudiera edificar sobre él hoteles. En esto no podíamos estar más en desacuerdo, porque significaba dar a las empresas un regalo por irse de Madrid y cerrar la fábrica. Si esto se hubiera aprobado, con las plusvalías se podrían haber hecho negocios millonarios destruyendo puestos de trabajo".

Este segundo aspecto lo discutieron telefónicamente, el pasado miércoles, el alcalde y Ruiz-Gallardón, y llegaron a un acuerdo: no se recalificaría suelo industrial para construir hoteles. Cortés, para ilustrar esta "cuestión de fondo", puso como ejemplo los terrenos de la antigua cervecera Mahou, en el paseo Imperial, cuya moderna factoría ha sido trasladada a un pueblo de Guadalajara. "La recalificación que pretendía hacer el Ayuntamiento podría suponer que una constructora pagara muchos millones por el suelo de esta empresa, pese a desmantelar la fábrica e irse de la región".

Sin embargo, el concejal Del Río aseguró que en modo alguno estaba previsto en el plan municipal "recalificar suelo industrial para hoteles". "En esto no entrábamos para nada", añadió. "La ley iba a seguir igual que la aprobada en 1997 por la Comunidad".

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Sobre la firma

Antonio Jiménez Barca
Es reportero de EL PAÍS y escritor. Fue corresponsal en París, Lisboa y São Paulo. También subdirector de Fin de semana. Ha escrito dos novelas, 'Deudas pendientes' (Premio Novela Negra de Gijón), y 'La botella del náufrago', y un libro de no ficción ('Así fue la dictadura'), firmado junto a su compañero y amigo Pablo Ordaz.

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