Inmigración y trabajo LLUÍS FRANCO I SALA

La emigración de personas de países con escasas posibilidades económicas y sociales hacia "países ricos" es un fenómeno que ha aumentado en los últimos años. Y, sin duda, seguirá aumentando mientras se mantengan y crezcan las diferencias que les separan. Asegurar la efectividad real de los derechos humanos y sociales de los inmigrantes, facilitar su integración y mantener la cohesión social o regular esta afluencia son retos actuales de los poderes públicos. Sea cual sea el enfoque que se le dé a la cuestión, siempre se debe tener presente que se trata de personas. La dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración. Por tanto, la inmigración no debe ser vista como un problema de seguridad pública, ni sólo como una oportunidad de mano de obra barata, sino fundamentalmente como la búsqueda de un equilibrio entre derechos y deberes vinculados siempre al bienestar social y, sobre todo, en la gran mayoría de los supuestos a las necesidades reales de un trabajo.Las sociedades desarrolladas como la catalana viven una paradoja social y económica. Por una parte, mantienen bolsas de paro; por otra, sea por el envejecimiento de la población, sea por la falta injustificada de prestigio de la formación profesional en la sociedad, sea porque erróneamente hay empleadores que a partir de cierta edad de los parados ya no les contratan, sea porque algunos trabajos muy duros son rechazados, sea por el nivel de educación de los jóvenes, que suscita determinadas expectativas laborales, el hecho es que quedan puestos de trabajo por cubrir y sirven de incentivo a la inmigración.

Desde el conocimiento de las necesidades del mercado laboral, deben desarrollarse los mecanismos formativos tanto para adecuar a los hombres y mujeres que han quedado excluidos como para los que desean incorporarse a la población activa. La constitución del Consell Català de la Formació Professional y la elaboración de un plan de formación que integre a los tres subsistemas existentes (reglada, ocupacional y continua) constituirá un buen instrumento. Pero las actuaciones formativas no logran resultados a corto plazo, sino que operan gradualmente, y en cambio muchas de las necesidades de profesionales adecuados son urgentes para mantener la competitividad y consolidar el empleo existente. Por ello también son necesarias las aportaciones de la inmigración.

Resolver estas situaciones exige una política decidida que pase primero por buscar entre los parados que se encuentren más próximos al puesto de trabajo, y si ello no fuera posible, recurrir a los extranjeros. La llegada de los nuevos trabajadores extranjeros debe hacerse de forma ordenada y transparente para evitar que sean víctimas de las mafias, de explotación laboral por patronos sin escrúpulos, y que sean usados para rebajar las condiciones laborales del resto de los trabajadores. Para ello es necesario que los inmigrantes tengan expectativas reales de trabajo, en forma de contrato o precontrato, y también los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador. Todos han de tener las mismas prestaciones sociales y regularse por el mismo ordenamiento jurídico. Asimismo, el método es establecer un sistema de contingentes, a partir de la participación y colaboración de las comunidades autónomas en lo que afecta a sus territorios, que fije el número de inmigrantes, perfiles y especialidades que puede asumir el mercado laboral.

A estas políticas, hay que añadir la urgente regularización de la situación de los inmigrantes que ya se encuentran entre nosotros, así como la simplificación y agilidad de los trámites de los permisos de trabajo y residencia. Hoy en día, un trabajador inmigrante con precontrato puede tardar varios meses en legalizar su situación. Esta ralentización empeora la cuestión, no sirve a la persona que necesita el trabajo, no sirve al empresario que necesita ese trabajador y, por el contrario, estimula las tentaciones de trabajar fuera de la legalidad. La tramitación burocrática puede y debe reducirse a un periodo inferior a tres meses.

Esta tramitación lenta y burocrática no debe, en ningún caso, servir de excusa para la contratación ilegal de inmigrantes. El Gobierno de la Generalitat seguirá actuando contra quienes contraten sin contar con los servicios públicos de ocupación y no respeten los derechos laborales y sociales. Quien actúa así está cometiendo un cuádruple fraude: contra los trabajadores en paro, negándoles el acceso a un puesto de trabajo; contra los inmigrantes, manteniéndolos en condiciones de explotación laboral; contra los empresarios, al competir en condiciones desleales y fuera de mercado, y por último contra la sociedad, con menoscabo de los avances sociales.

Con todo, la verdadera solución al problema de la inmigración es la globalización de la riqueza. Una solidaridad real con los países de origen que les ayude a conseguir un desarrollo económico sostenible con pleno respeto a los derechos humanos, sociales y medioambientales.

Lluís Franco i Sala es consejero de Trabajo de la Generalitat.