'Techos' consumados

Los asentamientos clandestinos ocupan 1.250 hectáreas del término municipal de Carmona

La hilera de chalés, a ambos lados del camino rural llamado Osa Mayor, es una galería variopinta. Los hay modestos, coquetos, pobres y ostentosos. A imagen y semejanza del bolsillo y del gusto de sus propietarios, pero incluso las viviendas edificadas con gran alarde arquitectónico carecen de los servicios básicos de un humilde piso, como la red de alcantarillado o el alumbrado público. La Osa Mayor, un camino rural que aspira a convertirse en una lustrosa calle asfaltada, es una de las vías que cruza La Celada, una urbanización ilegal que comenzó a construirse en Carmona (Sevilla) entre la década de los 70 y 80."Lo más duro debe ser el invierno, cuando se encharca el camino de agua, aquí no hay quién entre", dice José Bernabé. Su vivienda, construida en 1996, cuenta con las mismas deficiencias que las demás, pero Bernabé, de 40 años, casado, dos hijos, sólo ocupa la casa durante las vacaciones. El resto del año vive en Sevilla.

En las urbanizaciones ilegales erguidas en zonas rurales abundan las segundas residencias. Gentes que adquieren una parcela rústica, a un precio barato, y pueden diseñar la casa de sus sueños, aunque sea a costa de carecer de una urbanización mínima.

Para los moradores habituales, la situación difiere. En ocasiones es una cuestión de mera necesidad, como el caso de Encarnación Mendoza y Rafael Pozo, un matrimonio con cinco hijos de 14, 8, 7, 5 y 2 años, que no disponían de vivienda propia -ni grandes medios para adquirirla- hasta que compraron una parcela en las afueras de Utrera y, ladrillo a ladrillo, levantaron su casa, una más de la larga lista de viviendas que salpican los olivares de Casablanca, una urbanización ilegal de Utrera.

Tanto el caso de las segundas como el de las primeras residencias responden a una estrategia de techos consumados. Llegados a este extremo, los ayuntamientos acaban sufriendo los efectos de su propia pasividad a la hora de atajar las edificaciones clandestinas. Los nuevos núcleos de población nacen de un modo anárquico y deficitario. Y con ellos nacen las paradojas. Tanto los vecinos de La Celada, en Carmona, como los de Casablanca, en Utrera, pagan sus respectivas contribuciones urbanas y están censados en sus ayuntamientos en calles de urbanizaciones que formalmente no existen.

Vivir en la ilegalidad urbanística tiene su coste en el día a día. Encarnación Mendoza camina dos horas diarias, entre ida y vuelta, para llevar a sus niños hasta la parada del autobús escolar. Hasta su casa no llega el butano ni el cartero, así que recibe la correspondencia en un apartado de correos que comparten con otros dos vecinos. En el exterior de vivienda conviven el pozo de agua potable y la fosa séptica a pocos metros de distancia.

Casablanca es una de las 48 urbanizaciones ilegales de Utrera, uno de los municipios sevillanos donde el caos urbanístico prolifera más. Otro es Carmona, que cuenta con 1.250 hectáreas de su territorio ocupadas por urbanizaciones ilegales. Unas 5.000 parcelas clandestinas, como las que delimitan el camino de la Osa Mayor en La Celada.

Para poner coto a este desparrame urbanístico, que surgió en la década de los setenta, el Ayuntamiento de Carmona ha diseñado un plan de intervención, apoyado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para regularizar la situación de forma consensuada con los parcelistas, que tendrán que sufragar los costes de la urbanización. "Es el primer programa que tiene una visión global planificada y concertada", explica el alcalde Sebastián Martín Recio (IU).

La urbanización de La Celada, por ejemplo, costará alrededor de 620 millones de pesetas. El Ayuntamiento exige para regularizar la situación, que culminará en una reforma de las normas subsidiarias, que acometan, entre otras, las obras de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración.