El Gobierno de Brasil confisca 62,7 millones de hectáreas en manos de 1.899 propietarios irregulares

El Gobierno de Brasil ha usado mano dura con los 1.899 propietarios de grandes extensiones de terrenos que no han podido demostrar la legitimidad de dichas propiedades, que ascienden a 62,7 millones de hectáreas. Transcurridos los tres meses que el Gobierno había dado para regularizar la situación de tres mil haciendas, la propiedad de las tierras cuya legalidad no ha sido probada ha quedado cancelada. Según el Ministro de la Reforma Agraria, Raul Jungman, se ha tratado de una "importante decisión política que somete las grandes propiedades al Estado de derecho". Según el ministro, dichas propiedades no eran otra cosa que "puro papel que servía sólo para el blanqueo de dinero".

El ministro ha añadido que el latifundio improductivo de Brasil, una de las mayores plagas de este inmenso país, "ha recibido un duro golpe en el hígado". Precisamente eran estas tierras improductivas las que durante los últimos años solían ser invadidas por el Movimiento de los Sin Tierra para darlas a pobres campesinos para su cultivo pagando a veces dicha osadía con la muerte a manos de pistoleros a sueldo de los propietarios ilegales.

Ahora, los tribunales de Justicia actuarán contra cada uno de los ex propietarios de terrenos para que puedan pasar al Estado, que decidirá sobre su futuro uso. Las fincas confiscadas están distribuidas por todo el territorio nacional, pero fundamentalmente en la región norte del país, con 33,5 millones de hectáreas. En el noroeste son 10 millones; en el centro-oeste, 18 millones. Donde menos propiedades confiscadas aparecen es en el suroeste, 830.000 hectáreas, y en el sur, con 137.000.

El biólogo Márcio Ayres declaró a EL PAÍS que en los registros de la propiedad, que se pasan de padres a hijos y que a veces están en manos de auténticas mafias, llegan a envejecer artificialmente el papel para que los títulos de propiedad parezcan antiguos. Los hacenderos inscribían los títulos de propiedad falsos en otras instituciones, incluso estatales.