El Tribunal de Cuentas recomienda al Parlamento que aumente el control de las sociedades públicas

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha aconsejado al Parlamento que controle más la gestión de las sociedades públicas creadas por las administraciones. En un novedoso informe sobre la financiación y el endeudamiento de las sociedades mercantiles en las que la participación de las tres administraciones -Gobierno, ayuntamientos y diputaciones- supera el 10% del capital social, el tribunal recomienda a la Cámara vasca que elabore una norma de control homogénea aplicable a todas estas entidades para que ninguna se mueva en zonas de sombra.

136 en esta década

Las administraciones recurren a las sociedades mercantiles para descentralizar su gestión, para liberarse del corsé normativo propio del Gobierno, ayuntamientos o diputaciones y encontrar menos trabas burocráticas a la hora de desarrollar algunas políticas públicas. Al regirse por el derecho privado, este tipo de sociedades emplean formas privadas de gestión empresarial, lo que, por ejemplo, les permite simplificar -a veces, saltarse- trámites a la hora de contratar a su personal y realizar compras. Durante la década de los noventa ha proliferado la aparición de este tipo de sociedades, hasta el punto de que el Parlamento encargó el año pasado al Tribunal de Cuentas un catálogo de las existentes en Euskadi con participación pública. Cada administración es consciente de las que tiene a su cargo, pero hay muchos casos en los que el capital de dos o más administraciones se cruzan en la misma firma y nadie sabe a ciencia cierta a quién corresponde la titularidad del ente creado.El órgano fiscalizador ha cerrado su informe. Por primera vez, existe un catálogo de todas las sociedades que precisa el grado de participación de cada administración. Con este texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Parlamento tiene una fotografía completa del complejo entramado de sociedades y podrá determinar si su número es excesivo y si es necesario, tal y como sugiere el tribunal, homogeneizar las normas de control. El órgano fiscalizador justifica esta recomendación por la importancia del patrimonio gestionado por las administraciones vascas mediante sociedades mercantiles, los diferentes grados de control que sobre las mismas tienen las administraciones implicadas y por la existencia de sociedades participadas por varias administraciones.

En la actualidad, existen 236 entidades. Sus actividades más significativas son la promoción industrial y económica, energía, urbanismo, vivienda y actividades culturales. En la década de los 90 se constituyeron 136 -58% de las existentes-, entre las que destacan en el Ejecutivo las de energía y las de gestión de polígonos industriales; en las diputaciones forales, las de obras públicas, y en los ayuntamientos, las relacionadas con el urbanismo.Además de analizar la evolución en el número de sociedades participadas, el estudio ofrece cifras de endeudamiento, detalla sus fuentes de financiación y analiza los procedimientos establecidos en las administraciones para el control de sus participaciones. Precisamente es en este apartado donde el tribunal se muestra más crítico.

Las administraciones consideran públicas, a efectos de incluirlas en sus presupuestos, a aquellas sociedades en la que su participación supera el 50% del capital. Las compañías en las que ninguna administración tiene una participación individual superior al 50% del capital social no se consideran sociedades públicas, aunque la participación conjunta de todas las administraciones sea superior a ese 50%. Así, los presupuestos de la comunidad autónoma, de las diputaciones y de los ayuntamientos no incluyen las cuentas de estas sociedades. Por ejemplo, el Gobierno a la hora de elaborar su presupuesto tiene en cuenta a EITB -en la que participa con el 100% de capital-, pero no hace lo mismo con una sociedad donde tiene un 33%, por ejemplo, y en la que a menudo un ayuntamiento cuenta con otro 33% de participación y la diputación correspondiente cubre el resto del capital, como el Puerto Deportivo de Getxo o el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

De esta forma, estas sociedades escapan al control del Parlamento o de las juntas generales, que queda en manos de sus consejos de administración, a pesar de que la actividad que realizan es igual de pública que cualquier otro ente en el que la participación de una administración supere el 50% del capital.

Según establece el tribunal en su trabajo, la futura norma debería establecer varios principios: son públicas aquellas sociedades mercantiles en las que la participación global de las administraciones en su capital social es mayoritaria o tiene posición dominante -con un 10% puede ser el socio mayoritario si el resto de accionistas está muy atomizado-; la determinación de la administración que ha de ejercer el control de manera más significativa; la información a incluir en la cuenta general de cada administración accionista, y las normas de contratación aplicables para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.