La futura ley sanitaria valenciana sigue a la catalana al dejar servicios en manos de empresas

El borrador de la ley de ordenación sanitaria sobre el que trabaja el Consell comparte con su equivalente catalana una perspectiva común en la relación con entidades privadas. Ambas contemplan los acuerdos con empresas para la provisión de servicios, frente a la ley del País Vasco que únicamente acepta el concierto sanitario "tras una óptima utilización de los recursos públicos", como recoge un estudio comparativo de Sanidad. El responsable del departamento, Serafín Castellano, dijo ayer que el proyecto sobre el que trabaja "no es el que ha aparecido en medios de comuncación"

Valor de borrador

Sanidad no se ha limitado a elaborar el anteproyecto de la ley de ordenación sanitaria y una lista de las actuaciones que deberá acometer tras su promulgación, acompada de los problemas que suscitarán estas medidas. A estos documentos se añade una comparativa con las leyes sanitarias equivalentes vigentes en el País Vasco y Cataluña, aunque en este análisis no se encuentren otras como la ley de salud de Andalucía, de 1998.Uno de los aspectos más destacados en la comparación radica en la relación jurídica que tendrán las distintas entidades responsables de la organización sanitaria -la Agencia Valenciana de Salud en el caso de la Comunidad- con las entidades privadas para la prestación de servicios sanitarios. El borrador del anteproyecto valenciano se suma a la corriente abordada por la ley catalana de 1990. Ésta incluye los acuerdos, convenios, conciertos, fórmulas de gestión integrada o compartida, consorcios u otros modelos, un camino que sigue la ley valenciana. El anteproyecto que estudia el Con-sell incluye los conciertos, los convenios y los acuerdos de provisión de servicios sanitarios. Frente a ellos, en el texto legal del País Vasco, de 1997, la relación con empresas privadas se limita a los conciertos sanitarios "tras la óptima utilización de los servicios públicos".

La ley valenciana es la única que hace referencia a las nuevas formas de gestión sanitaria, ya que las otras dos se elaboraron antes de la ley 15/97 que abre el camino a las fundaciones, consorcios, empresas privadas y fundaciones públicas sanitarias.

Otro de los aspectos en los que los modelos catalán y valenciano difieren de la ley del País Vasco se refiere al nuevo personal destinado a los nuevos órganos de organización sanitaria. La ley vasca destaca que los trabajadores serán, en general, personal estatutario -equivalente a funcionario en el ámbito sanitario- que se incorpore tras un proceso selectivo acorde a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Frente a esta opción, la catalana y valenciana recogen aquel personal "que se incorpore de acuerdo a la normativa en vigor".

Los tres textos incluyen la elaboración del plan de salud, la elección de médico y centro, la autonomía en la gestión, y la puesta en marcha de entidades, entes públicos en el caso catalán y vasco, y un organismo autónomo en el caso valenciano, desdicados a la organización de la gestión sanitaria.

Frente a este modelo se encuentra la ley de salud de Andalucía de 1998. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), equivalente a la agencia valenciana, integra a 30 hospitales que se gestionan de acuerdo al principio de titularidad y gestión pública convencional, según fuentes de la Consejería de Salud andaluza. Fuera del paraguas de la SAS existen cuatro hospitales gestionados bajo la modalidad de entes públicos, vinculados directamente a la consejería. Además "la participación privada se limita a convenios y conciertos, y siempre de forma complementaria a la pública", según las mismas fuentes.

El consejero de Sanidad, Serafín Castellano, señaló ayer que su departamento presentará el anteproyecto de la ley de ordenación sanitaria a final de año. Castellano dijo que una comisión está trabajando en distintos documentos y propuestas "que no precisamente los aparecidos en medios de comunicación y que , por ahora, el único valor que tienen es de borrador o documento de trabajo". El anteproyecto se conocerá cuando lo apruebe el Consell, señaló. También por parte del Partido Popular, el portavoz de sanidad en las Cortes, Antonio Clemente, acusó a los socialistas valencianos de empecinarse "sobre una supuesta privatización de la sanidad que en la Comunidad no existe y que sí han puesto en marcha gobiernos socialistas como el andalúz".