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Un juez falla en favor de la profesora que repartió exámenes en castellano en Tarragona

La Universidad Rovira i Virgili excluyó a la docente de los exámenes de selectividad

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Tarragona ha considerado injusta la decisión de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona de excluir a la profesora Josefina Albert de las pruebas de selectividad del curso 1998-1999 después de que ésta acudiera al Defensor del Pueblo para denunciar que se marginaba el castellano. La profesora mantiene abierto un proceso penal por la misma causa contra el rector de la Universidad, Lluís Arola, quien se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por supuesta prevaricación.

El titular del Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Tarragona, Eduardo Saavedra, ha rechazado entrar a fondo en las cuestiones más polémicas y se ha limitado a juzgar los actos técnicos y administrativos. El juez evita pronunciarse en este caso sobre si la exclusión de la profesora de las pruebas obedeció a una represalia por parte del gobierno de la universidad por la denuncia de Albert ante el Defensor del Pueblo. El magistrado tampoco debate si la profesora actuó correctamente al entregar, por su cuenta, ejemplares de los exámenes en castellano durante las pruebas de selectividad de junio de 1998. Según Josefina Albert, profesora del Departamento de Filología Románica de la Universidad, el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, le prohibió expresamente proporcionar exámenes en castellano a un alumno que lo solicitó.Según denunció Albert, el presidente del tribunal calificador le había exhortado a explicar de forma oral "lo que no entendieran los alumnos, ya que tenían que acostumbrarse a hacerlo todo en catalán". En su denuncia, la docente recoge que hizo fotocopias del examen por su cuenta y lo entregó a quien lo solicitó, a pesar de estar en juego "no volver a participar en las pruebas". En el curso siguiente, Albert fue excluida de la selectividad.

El fallo recoge que Albert "suplica que se declare que reunía las condiciones de idoneidad para participar en la selección y ser nombrada miembro de los Tribunales", por lo que el magistrado únicamente valora los requisitos previstos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña, que, según la sentencia, son: "a) ser profesor titular o catedrático de universidad o de escuela universitaria y b) ser profesor en la actualidad de alguna asignatura directamente relacionada con las que componen las pruebas de acceso".

Opción a recurrir

Saavedra entiende que Josefina Albert reunía estos requisitos, por lo que se estima la demanda "sin entrar a enjuiciar otras cuestiones planteadas por las partes". Tanto la profesora como la Universidad habían solicitado que se dirimiera si la exclusión se debió a la denuncia ante el Defensor del Pueblo. A este respecto, el magistrado recuerda que la profesora tiene opción a recurrir a otras vías judiciales para reclamar los derechos y las responsabilidades que considere.En el acto de la vista oral, celebrada el pasado 10 de mayo, los abogados de la Universidad sostuvieron que la exclusión de la profesora se produjo porque ésta no comunicó los supuestos incidentes a las autoridades universitarias y, en cambio, los denunció al Defensor del Pueblo. Los letrados de la URV afirmaron asimismo que la docente fue apartada de las pruebas de selectividad porque "no vigiló en la forma adecuada ni siguió las instrucciones".

Josefina Albert fue readmitida como vocal en las pruebas de acceso a la universidad realizadas este año como consecuencia de que la URV se inhibió a la hora de pronunciarse sobre su idoneidad o no, precisamente por los contenciosos judiciales abiertos.

Esta decisión fue asumida por la Comisión Coordinadora del COU y de las pruebas de acceso a la universidad -a instancias del consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell-. La comisión justificó su actuación por un cambio de los criterios de elección, pero en medios de la URV se consideró una desautorización pública de la actuación del equipo rectoral.

Josefina Albert se mostró ayer muy satisfecha por el fallo judicial, aunque precisó que no le había sorprendido en absoluto: "He seguido adelante porque creo que tengo razón", afirmó. La docente consideró que la sentencia es "magnífica".

"El juez ha dicho lo que tenía que decir y ello se resume en que he sufrido una exclusión arbitraria, lo cual es un delito", sostuvo Albert. La profesora subrayó que la sentencia recuerda el derecho que tiene a "acudir a la vía jurisdiccional para reclamar los derechos y exigir responsabilidades".

Proceso penal

Albert lamentó que el juez no haya evaluado los puntos más polémicos, pero anunció que no recurrirá el fallo. En su opinión, todos estos aspectos saldrán a la luz durante el proceso penal, cuya fecha todavía no está fijada. Albert denunció que su exclusión era en realidad una "sanción encubierta".En cambio, el portavoz de la URV, Antoni Pigrau, calificó la sentencia de "prudente" dado que el magistrado no se había pronunciado sobre las alegaciones más duras de Albert. A su juicio, la sentencia se limita a abordar los puntos más técnicos del conflicto.

Pigrau lamentó que el fallo se centre en analizar si la profesora es idónea para formar parte del tribunal de las pruebas de selectividad y que, en cambio, no haya atendido a las justificaciones de la Universidad para excluirla. El portavoz, que minimizó la importancia que la sentencia puede tener para el proceso penal, aseguró que la Universidad interpondrá probablemente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El Departamento de Universidades de la Generalitat, dirigido por Mas-Colell, emitió un comunicado en el que expresa "respeto" por la sentencia, aunque añade: "Estamos convencidos de que la actuación de la URV correspondió en todo momento a una voluntad de interpretación correcta de la normativa del Consejo Interuniversitario de Cataluña".

Los tres frentes del litigio

Si la semana pasada el rector de la URV de Tarragona, Lluis Arola, reclamaba que el centro dejara de ser "la universidad del catalán" para convertirse ""en una universidad catalana", esta semana su petición de retorno a la normalidad ha caído en saco roto.

Tras el fallo judicial que anulaba o modificaba cuatro artículos del reglamento de usos lingüísticos de la URV, ayer a Arola le llegó otra tromba en forma de sentencia. No había razón alguna para estar satisfecho, máxime cuando el rector y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, se enfrentan además, por vía penal, a una petición de ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación del que los acusa la profesora Josefina Albert. Un proceso que se abrirá con el precedente de la condena de ayer por lo contencioso-administrativo.

La URV se ha situado en los últimos tiempos en el ojo del huracán del conflicto lingüístico después de que la asociación Profesores para la Democracia y Convivencia Cívica Catalana (CCC), una plataforma liderada por el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, del PP, denunciaran ante el juzgado el reglamento del uso del catalán. Meses después, hicieron lo mismo con el reglamento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Las dos asociaciones ya han anunciado que recurrirán la sentencia del tribunal de Tarragona que, pese a declarar nulos algunos artículos de esta norma, dictamina que es ajustada a derecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de julio de 2000