40 tumbas radiactivas

Encarnación Aganzo, juez de Andújar (Jaén), ha imputado a 13 personas durante la investigación abierta por la querella presentada por ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de dicha localidad contra los directivos que la gestionaron durante 22 años. Un grupo de 77 personas, entre las que se encuentran 25 viudas, acudió a los tribunales en 1998 para intentar demostrar un presunto delito de imprudencia temeraria con resultado de muertes y lesiones. Los ex trabajadores ya han perdido la cuenta de los muertos por cáncer que hay entre antiguos empleados de la fábrica y familiares, enfermedad que achacan a la contaminación que padecieron en sus puestos de trabajo. La asociación que los agrupa tiene en su registro 30 compañeros fallecidos y la junta directiva calcula que en total han perdido la vida más de 40 de los 126 miembros de la plantilla estable de una industria que ahora yace enterrada en las inmediaciones del río Guadalquivir. Pero, además, hay que sumar en la lista fúnebre a hijos de antiguos empleados e incluso nietos."Tengo que tomar seis pastillas al día para poder subsistir. A veces, cuando me siento, me tengo que agarrar a cualquier cosa para levantarme porque el cuerpo no me responde." Rogelio Aguilar tiene 64 años y una vida laboral gastada en la FUA, primero en la depuradora de aguas y luego, "para ganar un poco más de dinero", dentro del servicio eléctrico. Ahora, sentado en una plaza de Andújar, lamenta en voz alta haber tenido pretensiones de mejora laboral porque ello le llevó a pasar por todas las dependencias de la fábrica y a estar más sometido a la contaminación.

La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) estuvo en activo desde 1959 hasta 1981 tratando mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio. Antonio Fernández ha estado 22 de sus 71 años trabajando en esa fábrica en la sección de lavados y extracción, aguantando con una única careta de papel diaria para intentar no tragarse el polvo amarillo del mineral.

Cuando la fábrica cerró y los ya ex trabajadores vieron que se organizaba un complejo programa para enterrar todo lo que ellos tocaban a diario empezaron a pensar que algo iba mal. Lo asociaron a las muertes de compañeros por cáncer y la sospecha les llevó a la reclamación. "Si enterraron sillas, mesas, despachos enteros, ¿qué tendrían que hacer con nuestros cuerpos? ¿qué han tenido que soportar?" se pregunta José Soto, presidente de la asociación de trabajadores.

La primera vez que vieron plasmados por escrito sus temores fue cuando Diego Martínez de la Concha, del servicio de Medicina Preventiva del hospital Reina Sofía de Córdoba, estudió a 52 trabajadores y reconstituyó 22 historiales de fallecidos. El 55,7% presenta algún tipo de enfermedad del aparato circulatorio, el 54% padece artrosis, el 30% tiene alguna afección de próstata y el 13,5% presenta enfermedades en la piel. "Existe un alto grado de sospecha sobre el papel determinante que las exposiciones ocupacionales han podido jugar en la producción de tumores, afectación del aparato locomotor e hipoacusia", concluye el informe médico.

Ahora reclaman que el Servicio Andaluz de Salud haga reconocimientos médicos periódicos a todos los ex trabajadores que quedan con vida y a sus familiares directos. José Soto cree que nunca llegarán esos controles médicos: "Una vez se hizo un control de masa ósea a cinco y resultó que los cinco presentaban pérdidas. A partir de ahí se paró porque nadie quiere que se sepa el alcance de la contaminación". También recuerda que se planteó la necesidad de hacer un estudio de toda la población de Andújar comparada con la de otra localidad de similares característicaspara analizar el índice de prevalencia de algunas enfermedades, pero tampoco se ha producido.

"La mayoría de nuestros hijos tienen ahora fuertes dolores de huesos que los médicos tratan como enfermedad común", lamenta el presidente de la asociación.

La desconfianza ha impregnado la vida de los antiguos empleados de la FUA. La documentación que han podido obtener sobre sus expedientes médicos, a los que no han tenido acceso hasta que la mediación del Defensor del Pueblo ha surtido efecto, creen que ha sido modificada. Incluso la escasa que ellos guardaban en casa es contradictoria. El dosímetro personal que portaba cada uno cuando trabajaban, una placa de unos tres centímetros por dos y medio, "estaba siempre defectuosa", recuerda Antonio Fernández al concluir: "Nos decían habitualmente que estaba mojada y no se podía leer".