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Huye de Brasil el vicecónsul israelí en Río acusado de pederastia

Juan Arias

El cónsul general adjunto de Israel en Río de Janeiro, Arie Scher, que el martes fue acusado de pederastia y de pertenecer a una red internacional de prostitución infantil, logró huir de Brasil, según informó ayer la policía de este país. El escándalo estalló tras la denuncia de dos niñas y en el caso también está involucrado un profesor de hebreo, Georges Schteinberg, que trabajaba para el consulado. Scher, que goza de inmunidad diplomática, se refugió en un principio en el edificio del consulado para evitar su detención. La policía intentó en vano entrar con una orden judicial. El diplomático sólo podría haber sido detenido con un mandato del Gobierno de Israel, que guardó silencio.

Schteinberg, que se encuentra arrestado desde el martes, intentó suicidarse en la delegación de policía. Al parecer durante su interrogatorio implicó al cónsul, aunque insistió en que no sabía la edad de las menores que han presentado la denuncia.

La policía pudo descubrir la red de prostitución gracias a que una de las menores vió en Internet una fotografía de sí misma desnuda y la relacionó con una instantánea que le había tomado el profesor. La menor reclamó el negativo a Schteinberg, que no se lo entregó.

Según Ícaro da Silva, delegado de policía de Río, los agentes que registraron la casa del profesor, en el barrio de Copacabana, encontraron fotos del cónsul Scher en posturas libidinosas junto a niños y niñas desnudas: en total había 154 fotografías y 12 cintas de vídeo, algunas de ellas con escenas sexuales entre menores. Según la denuncia de las menores, se las obligaba a practicar sexo con los turistas llegados de Israel, y a las sesiones asistía el cónsul.

En el móvil de Schteinberg, la policía encontró nombres de involucrados en redes de prostitución infantil, sobre todo en Internet. Entre ellos figura el estadounidense John Arnold Hutten, detenido hace un mes en el aeropuerto de Río de Janeiro con fotos de niñas brasileñas desnudas.

La ley brasileña castiga con 10 años de cárcel la explotación sexual de menores, y con cuatro años la difusión de fotografías pornográficas de menores.

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