El Tribunal de la UE multa a Grecia por incumplir un fallo sobre residuos tóxicos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, condenó ayer a Grecia a pagar una multa "coercitiva" de 20.000 euros diarios (3,3 millones de pesetas) por no ejecutar una sentencia de 1992 en la que le obligaba a aplicar programas para eliminar residuos peligrosos. Estas sustancias siguen vertiéndose hoy de manera incontrolada en la isla de Creta. Luxemburgo considera "especialmente grave" el incumplimiento de Grecia. Es la primera vez que la Corte europea sanciona económicamente a un socio de la Unión Europea.

La imposición de la multa diaria empezó a contar desde ayer mismo: 3,3 millones de pesetas por cada día de retraso en la ejecución de la decisión de Luxemburgo de abril de 1992. La multa se mantendrá hasta que las autoridades griegas demuestren que se están tomando las medidas necesarias para que en el barranco de Kouroupitos, en la isla de Creta, se dejen de verter residuos tóxicos que ponen en peligro la salud humana y el medio ambiente.Pero lo más importante es que esta sentencia sentará una nueva jurisprudencia en la Unión Europea. Luxemburgo considera "especialmente grave" el incumplimiento de las obligaciones de Grecia como Estado miembro y "considerable" la duración de la infracción.

El Tribunal de la UE argumenta en su resolución que la multa coercitiva es "el medio más adecuado para garantizar la aplicación uniforme y efectiva del Derecho comunitario" y para lograr que Grecia "cumpla sus obligaciones": eliminar los residuos a través de la adopción de planes y programas globales.

El caso se inició en 1987 con la presentación ante la Comisión Europea de una queja en la que se denunciaba el vertido incontrolado de residuos por parte de varios municipios del departamento de La Canea (Creta) en el torrente de Kouroupitos, a 200 metros del mar, procedentes de bases militares, de hospitales y de la industria de la zona.

Cinco años más tarde, el Tribunal dictó su primera sentencia contra Grecia por no haber adoptado las medidas necesarias para eliminar estos vertidos tóxicos y peligrosos, tal y como está prescrito en las directivas comunitarias sobre residuos. La Comisión Europea instó en 1993 a Atenas a cumplir la sentencia y en 1995 decidió, ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades griegas, iniciar un nuevo procedimiento, fundamentado en las disposiciones del Tratado de Maastricht, para que se le condenara a pagar una multa coercitiva o a tanto alzado. Bruselas fijó la sanción en 24.600 euros diarios (4,1 millones de pesetas) con su propio método de cálculo.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dado la razón a Bruselas al afirmar en su sentencia de ayer que algunas de las obligaciones recogidas en su decisión de 1992 "no han sido satisfechas". En Creta, afirma la Corte, "siguen vertiéndose residuos de manera incontrolada". La resolución añade: "La oposición de la población a la ubicación de dos plantas de tratamiento constituye una situación interna que no justifica el incumplimiento de la normativa".

No ha quedado demostrado -según admite Luxemburgo- que los residuos tóxicos y peligrosos se sigan manejando de modo que pongan en peligro la salud humana y perjudiquen al medio ambiente, pero, independientemente de ello, la resolución subraya que "sólo se han llevado a cabo actuaciones puntuales para la eliminación de estos residuos". Y concluye: "Sólo se han adoptado normativas fragmentadas que no se corresponden en absoluto con el establecimiento de un programa global".

De todos modos, la cuantía de la multa que pidió la Comisión Europea se rebaja a 20.000 euros diarios por día de retraso en la ejecución de la sentencia de 1992 a partir de ayer. La Corte europea ha empleado otro método de cálculo de la sanción, utilizando, como criterios para determinar la infracción, la gravedad del incumplimiento, la capacidad de pago del Estado miembro, las consecuencias derivadas de la falta de ejecución sobre los intereses privados y públicos y la urgencia que existía de que Grecia cumpliera sus obligaciones.

A pesar de la rebaja, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, se felicitó por esta primera sanción del Tribunal de Justicia contra un miembro de la Unión Europea y consideró la sentencia de ayer como "una importante señal" para que los Quince cumplan sus obligaciones.