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Los sindicatos renovarán el Pacto de Toledo aunque no se logre un consenso político

El diálogo sobre el Pacto de Toledo de pensiones entre los agentes sociales y el Gobierno se producirá en paralelo y coordinado con el debate parlamentario. Pero en el caso de que existan dificultades entre el PP y la oposición, y no sea posible un consenso político, los sindicatos ya han advertido de que no aceptarán "interferencias" que hagan fracasar su propia negociación. Ese debate abordará medidas a largo plazo para sostener el sistema público de Seguridad Social, y otras que se recogerán en los Presupuestos Generales de 2001, como la mejora de las pensiones mínimas por encima del IPC.

"Las discrepancias políticas no interferirán en el diálogo social". Esa advertencia fue lanzada ayer por el responsable de UGT de política institucional, Pedro Díaz Chavero, y es compartida por CC OO. Los dos sindicatos creen que sería positivo que los partidos renueven el consenso sobre el Pacto de Toledo, pero, en el caso de que haya dificultades entre el partido que sostiene al Gobierno y la oposición, "no enturbiarán nuestro pacto", según Chavero. Una declaración de intenciones expresada tras la primera reunión tripartita entre Trabajo, las centrales y la patronal CEOE, que se reincorpora a este diálogo después de que en 1996 no respaldase el Pacto de Toledo.En este encuentro de los agentes sociales con el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, se acordó abordar como temas prioritarios los que deben ser incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2001. El secretario general de la patronal CEOE, Juan Jiménez Aguilar, citó como ejemplo las cotizaciones a la Seguridad Social, que los empresarios quieren que se rebajen, o las prestaciones y bonificaciones propuestas en otros ámbitos del diálogo social.

El representante de CC OO José Luis Sánchez y Gerardo Camps coincidieron en que una medida a corto plazo puede ser la mejora de las pensiones mínimas, entre ellas las de viudedad, situadas en 55.000 pesetas y que perciben un millón de personas, o culminar la separación de las fuentes financieras de la Seguridad Social. Con perspectiva a medio plazo, se discutirán medidas a aplicar en esta legislatura como una eventual reforma de las futuras pensiones de viudedad, y a largo plazo se analizará la viabilidad del sistema público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de julio de 2000

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