El Insalud perdona miles de millones a las aseguradoras privadas de coches

Desde 1998 el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha renunciado a cobrar a las aseguradoras de automóviles gran parte de la deuda que éstas mantenían con los hospitales públicos, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El Instituto afirma que la cantidad no cobrada, correspondiente a servicios médicos prestados a accidentados de tráfico, es imposible de precisar porque muchos de los expedientes se han perdido o han sido destruidos.

Desde 1998 el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha renunciado a cobrar a las aseguradoras de automóviles gran parte de la deuda que éstas mantenían con los hospitales públicos, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El Instituto afirma que la cantidad no cobrada, correspondiente a servicios médicos prestados a accidentados de tráfico, es imposible de precisar porque muchos de los expedientes se han perdido o han sido destruidos. Expertos sanitarios la calculan en miles de millones de pesetas.En una circular enviada en 1998 a los hospitales, el Insalud les advierte de que el convenio que ha suscrito con el Consorcio de Compensación de Seguros y la patronal de las aseguradoras, Unespa, otorga a las empresas de seguros la posibilidad de rechazar las facturas cuya presentación al cobro se demore más de un año y también las "que no fueran objeto de reclamación por un periodo de tres años". Pero la carta va aún más allá: ordena que "no serán objeto de reclamación ni judicial ni extrajudicial por los hospitales aquellas facturas que hayan sufrido paralización desde el 1 de enero de 1994".

Es decir, a través de esa circular, fechada el 7 de julio de 1998, el Instituto impone a los hospitales públicos que renuncien al cobro de gran parte de la deuda que tienen pendiente las aseguradoras privadas por la asistencia a accidentados de tráfico.

Hasta el momento en que se emitió la circular, las facturas pendientes eran gestionadas ante los tribunales, desde hacía ocho años, por un grupo de letrados apoderados del propio Instituto. María José Fisac estaba encargada de cobrar las minutas atrasadas del hospital La Paz, de Madrid, uno de los más grandes de España. En julio de 1998 había logrado que 10 de las 11 secciones que integran la sala civil de la Audiencia Provincial de la capital reconocieran en sus sentencias el derecho de los centros sanitarios a percibir de las aseguradoras el importe de las facturas expedidas hasta 15 años atrás. Al ser la cuantía de los casos inferior a seis millones de pesetas el criterio de la Audiencia es inapelable.

Pocos días después de haber sido emitida la circular, a Fisac le llegó una carta del Insalud. Estaba firmada por Pedro Huertas Esteban, subdirector de Control Económico y Presupuestario, y llevaba fecha del 1 de julio de 1998. En ella se hacía referencia a la existencia de quejas de Unespa y del Consorcio de Compensación de Seguros porque, a instancias de la abogada, los jueces les estaban obligando a pagar facturas pendientes desde hacía 15 años. También admitía de forma implícita que amenazaban con romper el convenio en vigor si no se paralizaban las reclamaciones. "Para corregir estas actuaciones", concluía la misiva, "han de iniciarse las actuaciones oportunas que conduzcan a la paralización, en unos casos, de los expedientes que se hallen en la misma situación, y el desestimiento de aquellos en los que las acciones ya han sido emprendidas, en otros".

¿Por qué actuó así el Insalud? Una explicación es que no quería poner en peligro el convenio entablando una batalla judicial a gran escala para la que no disponía de medios frente al ejército jurídico de las aseguradoras. "De esta manera cobramos menos, pero al menos cobramos algo", dice, resignado, Pedro Huertas. "Cuando recibimos una sentencia del juez dándonos la razón, tenemos dos posibilidades: una, ejecutarla; otra, no cobrar la factura, desistir, para que las compañías no denuncien el convenio".

Juristas consultados por EL PAÍS declaran que la renuncia al cobro por parte del Insalud puede suponer, como mínimo, responsabilidad contable. "Una deuda confirmada por el juez puede ser perdonada entre particulares, pero no cuando afecta a dinero público. El artículo seis del Código Civil es tajante en ese sentido", afirma uno de ellos. Otro apunta responsabilidades más graves: "Creo que la Fiscalía Anticorrupción tendría mucho que decir en este caso".

Javier Sánchez Caro, subdirector general y responsable de la asesoría jurídica del Instituto, defiende la actuación del organismo: "Desde 1992 nosotros no nos regimos por el Código Civil, sino por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común". El artículo 88 de esa norma permite a la Administración "celebrar acuerdos, pactos o contratos (...) siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico".

EL PAÍS ha planteado esta argumentación al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Antonio García Paredes, y a Margarita Robles, magistrada de lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Ambos coinciden en que el Código Civil rige siempre y en todo caso y en que el Insalud no puede renunciar al cobro de las facturas, puesto que el dinero en litigio es de propiedad pública.

Ése fue el mismo razonamiento que se hizo la letrada Fisac al recibir la carta del Insalud. Pero cuando lo expresó a los gestores del Instituto fue despedida de manera fulminante.

Los intentos realizados por EL PAÍS ante el Insalud y la Tesorería General de la Seguridad Social para precisar el importe que la Sanidad pública renunció a cobrar a las aseguradoras privadas han sido infructuosos. Según afirma Pedro Huertas, la Administración sólo tiene obligación de conservar los expedientes con una antigüedad de cinco años. No obstante, se aventura a hacer lo que denomina "un cálculo extracontable". Según ese cálculo, la deuda acumulada de las aseguradoras con los hospitales públicos del territorio Insalud actual (es decir, 10 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla) sumaría algo más de 11.000 millones de pesetas.

Pero las cuentas del subdirector general no incluyen la cantidad que el Insalud renunció a cobrar en 1998. Además, están basadas en las tarifas del convenio y no en la interpretación que del mismo hicieron la mayoría de los jueces de Madrid en su momento.

Aun así, teniendo en cuenta que el Insalud sólo cubre actualmente el 38% de la población, es posible hacer una extrapolación a toda España. El total de lo adeudado rondaría los 25.000 millones de pesetas.

Expertos sanitarios, que piden mantener su identidad en el anonimato debido a que trabajan para el Instituto, calculan que, a precio real de coste y, abarcando el periodo de reclamación de 15 años aceptado por los jueces madrileños, la deuda de las aseguradoras con los hospitales públicos supera ampliamente los 11.000 millones de pesetas estimados por Pedro Huertas. La cifra real ronda los 300.000 millones.