Bergara admite que la suspensión de la 'paz fiscal' crea inseguridad jurídica

Josu Bergara admitió ayer que el conflicto fiscal de la Diputación vizcaína con el Gobierno central crea "inseguridad jurídica" a las empresas, pero insistió en que su resolución depende del Gobierno central. "Sólo exigimos al Estado que diga públicamente que va a retirar los recursos y entonces inmediatamente tramitaremos el proyecto de norma foral", expresó el diputado general en el pleno de las Juntas Generales. El PP le replicó que tome decisiones para resolver el conflicto.

El problema de la fiscalidad volvió a debatirse ayer en el Leggilsativo vizcaíno por una interpelación del PP. La última polémica se suscitó a finales de marzo, dos meses después de que las tres diputaciones y el Estado firmasen la paz fiscal que ponía fin a 13 años de conflictos en materia tributaria. Este acuerdo suponía la retirada de las demandas judiciales interpuestas por cada parte y la derogación por las instituciones forales de los incentivos fiscales cuestionados.Cuando todo parecía resuelto, la Diputación vizcaína anunció en marzoque suspendía la tramitación de la norma foral que iba a derogar los incentivos porque el Estado no había retirado de los tribunales un total de 27 recursos. El problema se suscitó con la aprobación por la Diputación de créditos fiscales del 45% a 19 empresas mientras se estaba negociando el pacto. El Estado entendía que se incumplía el acuerdo y la Diputación replicaba que eran solicitudes anteriores a la firma del acuerdo.

Bergara explicó ayer en las Juntas que la denegación de esos expedientes habría supuesto cometer un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). "Coincido con usted", dijo refiriéndose al portavoz del PP, Carlos Olazabal, "en que es una situación incómoda y supone una inseguridad jurídica para las empresas".

Ante los requerimientos de Olazabal sobre las negociaciones en curso para solventar la situación, Bergara se limitó a decir que le constaba la existencia de conversaciones entre el Gobierno vasco y el central. Negó que la Diputación no "haya movido pieza". "El único que no ha movido ficha ha sido el Gobierno central, que no ha retirado los 27 recursos judiciales referidos a Vizcaya". El diputado general mostró su disposición a tramitar la norma de derogación de incentivos: "Es lo único que nos falta por cumplir y exigimos sólo una pequeña muestra de la otra parte. Que el Estado diga públicamente que va a retirar los recursos y la tramitamos inmediatamente, sin esperar a la retirada".

Olazabal lamentó la situación de "estancamiento" de este problema y sugirió a Bergara que, al menos, solvente algunas cuestiones como la derogación de la norma sobre los centros de dirección y coordinación financiera. "Esto no quitaría poder en la negociación y generaría confianza en los interlocutores para poder recuperar la paz fiscal", señaló.